El único imputado por el brutal asesinato del canónigo de la catedral de Valencia ha defendido su inocencia este viernes, declarando ante el jurado que no cometió ni participó en el crimen. Su defensa se centra en que solo reconoció haber utilizado las tarjetas de crédito robadas del domicilio de la víctima, las cuales, según su testimonio, le fueron entregadas esa madrugada por un conocido, identificado como Manuel, junto con el teléfono móvil del religioso. En ese momento, afirmó no tener conocimiento de que el canónigo estuviera fallecido.
El juicio, que se sigue en la Audiencia de Valencia bajo el procedimiento del jurado, concluyó este viernes con la declaración del procesado y los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa. La fiscalía solicita una pena de 28 años de cárcel para Miguel, a quien acusa del asesinato del canónigo Alfredo, de 79 años, ocurrido la noche del 21 de enero de 2024, presuntamente en complicidad con otra persona aún no identificada. Además, se le imputa robo con violencia y estafa continuada por el uso de las tarjetas. La defensa, por su parte, solo admite el delito de estafa y pide un año de prisión.
El acusado, quien se encuentra en prisión preventiva desde su detención, justificó sus anteriores declaraciones contradictorias alegando "miedo y vergüenza". Negó rotundamente haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental con el canónigo, afirmando: "De mí no consiguió lo que conseguía de otros chicos, con él nunca he tenido problemas, nunca me faltó al respeto ni me propuso nada extraño". Testigos en el proceso han declarado que el canónigo solía llevar a jóvenes vulnerables a su apartamento para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.
El acusado relacionó el bloqueo de su teléfono por parte de Alfonso, el canónigo, el 13 de diciembre con este modus operandi. Explicó que sus múltiples llamadas (15 en total) se debieron a la sorpresa por el bloqueo y que, desde entonces, no volvió a tener contacto. Conoció a Alfonso a finales de julio de 2023 y en agosto fue invitado a su apartamento en la playa de El Perelló, donde pernoctó una noche. Negó haber sido expulsado de la casa al día siguiente.
Respecto a Manuel, afirmó haberlo conocido en diciembre, coincidiendo como temporeros en el campo. Proporcionó una descripción del individuo y señaló que se comunicaban por WhatsApp. Según su relato, Manuel le habló de Alfonso como "una persona que le podía ayudar". El día del crimen, el 21 de enero, viajó desde Torrent a Valencia para encontrarse con Manuel, quien supuestamente le había prometido trabajo recogiendo naranjas al día siguiente. Alrededor de las 21:25 horas descendió del metro y se dirigió a la Plaza de la Reina, donde esperó hasta las 4:00 horas, momento en que Manuel lo contactó para citarse en un parque. Insistió en que no se acercó al domicilio de Alfonso.
El acusado relató que Manuel le entregó las tarjetas y el móvil desbloqueado de Alfonso, diciéndole que este último estaba "dormido" y proponiéndole sacar dinero para repartirlo. "Está mal haber cogido las tarjetas, pero yo no sabía que estaba muerto, no habría ido al cajero ni hacer compras", aseguró. Reconoció haber contactado con un banco para averiguar el PIN, el cual descubrió en un papel dentro de un estuche del móvil. Fue recién entre el 22 y 23 de enero, al recibir entre 900 y 1.000 euros por segunda vez, cuando Manuel supuestamente le confesó la muerte del canónigo y le amenazó con problemas si acudía a la Policía.
Los mensajes enviados desde el móvil de la víctima al portero anunciando una ausencia y las respuestas a felicitaciones por el santo del canónigo, según el acusado, fueron para "ganar tiempo" y planificar su entrega a la policía, pues estaba convencido de su inocencia. Negó haber subido al domicilio y visto a la víctima fallecida, como testificó un inspector de Homicidios, y criticó la actuación policial, alegando que no investigaron adecuadamente y que el caso se cerró "en falso".
El fiscal, en su conclusión, aunque no acusa a Miguel de ser el autor material del asesinato, sí sostiene que "sabía que lo iban a matar, estuvo allí y lo vio". Argumentó que Miguel se aprovechó de la situación, siendo "el menos hábil" de los implicados, y enumeró las supuestas "mentiras" y "contradicciones" del acusado, señalando que la mención de Manuel solo apareció un año después de su detención. Cuestionó la versión de la pérdida o robo del móvil, ya que su última conexión fue horas antes de su arresto, y las pruebas exculpatorias habrían desaparecido.
Por su parte, la defensa denunció "lagunas evidentes" en la investigación, calificando el intento de "encajar las piezas del puzzle a martillazos". Criticó la falta de esfuerzos para localizar a Manuel, recuperar el historial de WhatsApp del acusado, investigar las llamadas de la víctima el día del crimen o revisar grabaciones de cámaras de seguridad. Se refirió a la presencia de huellas y perfiles genéticos desconocidos en la casa del canónigo y cuestionó la lógica de que el móvil del acusado saliera del domicilio junto al de la víctima.
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