
La tranquilidad de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del Hospital Federico Lleras Acosta, sede Francia, en Ibagué, se vio gravemente alterada por un incidente de seguridad sin precedentes. Un hombre, identificado como el padre de un recién nacido, irrumpió de forma violenta en el área restringida, portando un arma blanca y profiriendo amenazas de muerte contra el personal médico y de enfermería que atendía a los pequeños.
Según los reportes oficiales, el individuo, bajo un aparente estado de intimidación, logró sustraer al bebé del área de cuidados intensivos. Este acto desencadenó de inmediato una emergencia interna en el centro hospitalario, activando los protocolos de seguridad establecidos para salvaguardar la vida de los pacientes y del personal.
El acceso no autorizado a la UCIN, un espacio de alta complejidad con acceso estrictamente controlado y pacientes en estado crítico, representó una grave vulneración de la misión médica. Durante el confuso y tenso episodio, varios funcionarios tuvieron que priorizar la protección de los demás neonatos y la seguridad del equipo de salud. La institución confirmó que algunos trabajadores resultaron afectados tanto física como emocionalmente, y uno de ellos estuvo en riesgo directo debido a la presencia del arma blanca.
A pesar de la conmoción, la atención clínica para los pacientes que permanecían en la unidad continuó sin interrupciones, mientras se notificaba a las autoridades competentes sobre la grave situación.

La huida del agresor fue de corta duración. Gracias a la rápida activación de los procedimientos de seguridad y la inmediata coordinación con la Policía Nacional, el hombre fue aprehendido a pocas cuadras del hospital. El operativo policial permitió la recuperación del recién nacido sin que se reportaran lesiones visibles en el momento del procedimiento. El menor fue trasladado de regreso al centro asistencial para una exhaustiva valoración y seguimiento clínico especializado.
El hospital informó que el bebé quedó bajo estricta vigilancia médica, realizándose exámenes de rigor para descartar cualquier afectación derivada del traslado forzado y del traumático contexto del incidente. El equipo especializado de neonatología asumió la atención del menor, siguiendo los protocolos establecidos para situaciones de alto riesgo.
Por su parte, el presunto responsable se encuentra ahora a disposición de la autoridad judicial. Las autoridades informaron que enfrentará un proceso penal que incluye cargos como secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a la misión médica y tentativa de homicidio, entre otras conductas que serán evaluadas en la investigación.
En un pronunciamiento oficial, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios Uribe, rechazó enérgicamente lo ocurrido y destacó el impacto del hecho en el centro asistencial:
"Hoy se puso en riesgo la vida de nuestros funcionarios, del personal de seguridad y del equipo de salud que día a día trabaja por salvaguardar la vida. La UCI neonatal es un área fundamental y lo ocurrido es un hecho extraordinario y profundamente lamentable. Rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra la misión médica."
La directiva detalló que el hospital ha iniciado acciones legales ante la Fiscalía y ha realizado las notificaciones pertinentes a las entidades competentes para el restablecimiento de derechos, tanto del menor como de los trabajadores afectados. Estas gestiones se llevan a cabo en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Asimismo, se activaron rutas internas de apoyo psicosocial para los funcionarios que estuvieron expuestos al violento episodio, garantizando su atención integral y acompañamiento.
El Hospital Federico Lleras Acosta anunció que se encuentra en proceso de revisión de sus procedimientos de seguridad y controles de acceso a áreas críticas, en articulación con las autoridades, con el objetivo de prevenir la recurrencia de hechos similares. La institución reiteró que la UCIN es un espacio con normas estrictas de ingreso, diseñadas para proteger la vida de los pacientes y garantizar condiciones clínicas seguras.
Las autoridades, por su parte, enfatizaron que cualquier amenaza o agresión contra el personal de salud constituye una infracción grave y que los protocolos de respuesta inmediata buscan proteger tanto a pacientes como a trabajadores.
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