Un trágico suceso ha sacudido a la sociedad y acelerado las decisiones políticas en Argentina. El brutal asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, quien fue emboscado y apuñalado por tres menores, ha reavivado el clamor popular por endurecer las medidas contra la delincuencia juvenil. En respuesta, el gobierno impulsó una reforma al Régimen Penal Juvenil, proponiendo la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa, que busca dar respuesta a la creciente preocupación social, obtuvo una contundente media sanción en la Cámara de Diputados con 149 votos a favor. El proyecto contó con el respaldo de las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal, además de legisladores provinciales. Por otro lado, el peronismo rechazó la propuesta en general, aunque mostró divisiones internas durante el debate particular. El Frente Renovador, en cambio, apoyó el artículo específico que reduce la edad de responsabilidad penal.
Datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación revelan un panorama preocupante. Entre 2017 y 2024, se registraron 55.925 menores de 15 años involucrados en delitos contra la propiedad, y 72.439 jóvenes de entre 16 y 17 años en hechos similares, incluyendo robos, hurtos y extorsiones. Más alarmante aún, en el mismo período, 118 menores de 14 años fueron imputados por homicidios dolosos (intencionales). De este grupo, 107 eran varones y 10 mujeres. Las armas blancas y de fuego son los instrumentos más utilizados en estos crímenes, evidenciando la facilidad de acceso a ellas por parte de los menores.
Los delitos contra la propiedad cometidos por menores de 15 años han mostrado una tendencia creciente en los últimos cinco años. En 2024, se contabilizaron 6.381 hechos protagonizados por este grupo, y 7.901 por jóvenes de 16 y 17 años. El pico se registró en 2021, con 12.504 casos de menores de 15 años. Los robos y hurtos son las modalidades más frecuentes.
En el primer semestre del año pasado, 945 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada en la Justicia Nacional de Menores, un 4,2% más que en el mismo período de 2024. El 91% de estos menores eran varones. La mayoría tenía entre 16 y 17 años (55,9%), seguidos por el grupo de 13 a 15 años (40,3%).
Durante el primer semestre de 2025, 746 menores fueron aprehendidos e ingresaron al Centro de Admisión y Derivación. Un total de 117 jóvenes recibieron medidas de privación de libertad o alojamiento en centros socioeducativos, lo que representa un aumento del 25,8% respecto al año anterior.
Las encuestas reflejan un fuerte respaldo social a la baja de la edad de imputabilidad. Consultoras como Opinaia indican que el 80% de los encuestados apoya la iniciativa, mientras que Jorge Giacobbe reporta un 73% de respaldo, con una preferencia mayoritaria por fijar la edad en 13 años. Isasi/Burdman también registró un 68% de apoyo en noviembre pasado.
"Hay una contradicción entre los datos y la percepción social. Los funcionarios judiciales señalan que el delito juvenil es bajo, pero la preocupación social es alta. Esto se debe, en parte, al desconocimiento y a la falta de información oficial precisa sobre el fenómeno del delito juvenil, especialmente en lo que respecta a robos y hurtos."
Julio Burdman, consultor.
Este vacío informativo, sumado a la percepción de inseguridad, alimenta la demanda social de medidas más drásticas.
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