Dos personas que habían sido arrestadas bajo sospecha del asesinato de la abogada Andrea Vidal, excolaboradora de la Oficina Legal del Congreso, fueron puestas en libertad el pasado 12 de enero debido a la insuficiencia de pruebas. La Policía Nacional (PNP) los había capturado en Barranca, al norte de Lima, como parte de un operativo que buscaba a cinco individuos con detención preliminar dictada por el Poder Judicial. Sin embargo, al no encontrarse elementos que los conectaran directamente con el homicidio, ambos recuperaron su libertad.
Fuentes vinculadas al expediente fiscal señalan que los sospechosos ya habían sido identificados por la PNP desde abril del año pasado, pero en ese momento no se tomaron medidas restrictivas. Se especula que una intervención más temprana podría haber facilitado el rastreo de los autores materiales del crimen. Hasta la fecha, no existe una hipótesis clara sobre el móvil del asesinato ni pruebas contundentes que determinen la autoría intelectual o material.
Los investigadores han puesto la mira principal sobre Rodrigo Falcón, expareja de la víctima, como el principal sospechoso. Para justificar el pedido de detención, la PNP presentó información que inicialmente había sido descartada por el equipo encargado del caso: un número telefónico desde el cual se realizaron llamadas breves a Falcón y a David More, presunto implicado en la facilitación de una placa clonada utilizada por los atacantes. Según los análisis, la línea pertenecía a un sistema de publicidad bancaria y las comunicaciones duraron apenas un segundo. Este dato, aunque corroborado, fue inicialmente omitido y luego incorporado como argumento en la solicitud fiscal.
Las sospechas sobre el exnovio se basan en inconsistencias en sus declaraciones y en la conflictiva relación que mantuvo con la abogada, la cual estuvo marcada por episodios de violencia física y psicológica. A pesar de esto, fuentes cercanas a la investigación confirman que no hay pruebas directas que lo incriminen como autor intelectual.
En octubre pasado, ante la falta de resultados relevantes al vencer el plazo de investigación, el coronel Carlos Morales, jefe de la División de Homicidios de la PNP, intentó vincular a Falcón con el crimen. El semanario reveló que Morales habría dado la orden de no incautar a tiempo un vehículo Kia Rio con placa clonada relacionado con el caso, a pesar de estar identificado. Además, se le acusa de no interrogar a un recluso que participó en un asalto con una de las armas empleadas en el asesinato. El oficial también habría apartado al equipo policial principal y suspendido la comunicación de avances con la Fiscalía durante seis meses.
Tras este periodo, la PNP solicitó al Ministerio Público la detención de Falcón y otras cuatro personas. El Poder Judicial autorizó la medida y el allanamiento de tres inmuebles, incluyendo el del exnovio. En el operativo del 5 de febrero, fueron arrestados Lucero Espinoza Chinchay y Tonny Monja Mejía en Barranca. Eran los únicos con paradero conocido, ya que Falcón había viajado a Colombia el 29 de diciembre, según registros migratorios.
Documentos policiales indican que Monja fue localizado en abril del año pasado durante un control de identidad. En esa intervención, se constató que conducía el mismo Kia Rio utilizado en el crimen, aún con la placa clonada. A pesar de que los agentes identificaron su domicilio y hallaron el vehículo, no se procedió con la intervención ni del conductor ni del auto, supuestamente por orden directa del coronel Morales. En su declaración, Monja afirmó trabajar como colectivero y que alquiló el auto a un tercero cuyo nombre no recordaba. "Abandoné el auto en una cochera al enterarme de que tenía una placa clonada y recibí amenazas para no hablar del tema", declaró, añadiendo que por ello cambió de número y desechó su celular.
Respecto a Espinoza, la PNP detectó un pago de peaje con su tarjeta de débito cerca de Huacho, mientras viajaba en el Kia Rio. Ella declaró que se dirigía a Lima con su entonces pareja, Dylan Mejía, quien cumple condena por uso de documentos falsos y receptación, y fue interrogado en prisión. Según su versión, alquiló el vehículo por unos días a una persona identificada solo por un alias y perdió los mensajes y llamadas al ingresar al penal.
Espinoza y Monja quedaron en libertad el 12 de febrero. La falta de pruebas, agravada por la demora en las capturas, impidió establecer su participación como cómplices. En los allanamientos no se encontraron elementos relevantes.
Otros dos investigados, Santiago More y David More, ambos de Piura, permanecen prófugos. La PNP los señala por facilitar la placa clonada utilizada por los sicarios y se encuentran involucrados en otra pesquisa por gestionar 210 placas duplicadas con documentación falsa ante la Cámara de Comercio y Producción de Piura, entre ellas la usada en el asesinato.
Según información, otros dos expedientes —uno por presuntas contrataciones irregulares en el Congreso y otro por favorecimiento a la prostitución que involucraba al exjefe de la Oficina Legal del Congreso, Jorge Torres Saravia— fueron archivados.
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