La vida de Marta Hernández, una humilde vendedora ambulante de San Salvador, dio un vuelco trágico la noche del 20 de junio de 2010. Lo que parecía un día común para su familia, culminó con un regreso a casa en un microbús de la ruta 47. Sin embargo, ese viaje rutinario se transformó en uno de los episodios más oscuros de violencia en Mejicanos, dejando un saldo de 17 personas fallecidas y 12 heridas, entre ellas Marta.
El caos se apoderó del vehículo cuando los atacantes obligaron al conductor a desviarse. "Lo que me sacó del sopor fue el grito que le pegaron al chofer a quemarropa", recordaría Marta años después. En cuestión de minutos, la violencia estalló: los criminales rociaron gasolina, dispararon y prendieron fuego, atrapando a los pasajeros en un infierno.
"Me lancé sobre mi hijo menor, intenté cubrirlo con mi cuerpo", relató Marta, describiendo su instinto de protección. Logró empujar a su hija mayor hacia una ventana, abriéndole una vía de escape. "Sentí cómo el calor me quemaba la espalda y escuché los gritos de quienes no pudieron salir".
El hospital Zacamil recibió esa noche a numerosas víctimas con quemaduras severas y heridas de bala. Marta despertó en una camilla, sumida en la angustia por no saber el paradero de su hijo. Horas después, la confirmación de su muerte marcó el inicio de una década de dolor y espera.
Según informes periodísticos y datos judiciales, el ataque fue una represalia por el asesinato de un miembro de la Barrio 18 a manos de la MS-13 la noche anterior. Esta masacre impulsó la aprobación de la "Ley Prohibiendo Maras, Pandillas, Grupos, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal", que endureció las penas contra integrantes de estructuras criminales.
La Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) avanzaron en las investigaciones y el enjuiciamiento de los responsables de la tragedia de la ruta 47. El proceso judicial, que se extendió por más de una década, ha arrojado condenas y capturas significativas:
Trágicamente, algunos de los implicados fallecieron a manos de la propia pandilla.
La vida de Marta jamás volvió a ser la misma. Las cicatrices físicas se sumaron al peso emocional. "Perdí a mi hijo en el mismo instante en que me arrebataron la seguridad de vivir en mi país", confesó en una entrevista. Durante años, la imagen de aquella noche la atormentó, junto a la incertidumbre sobre el destino de los culpables.
Fueron once años de espera hasta que Marta pudo escuchar la sentencia en el tribunal. "Esperé mucho para oír que la justicia existe", reconoció. Aunque las condenas no devolvieron la vida perdida, sí le permitieron cerrar un doloroso capítulo.
Actualmente, Marta acompaña a su hija en sus estudios universitarios y participa activamente en iniciativas de apoyo a víctimas de la violencia. Su testimonio es un reflejo del largo camino recorrido entre la tragedia, la espera y la incansable búsqueda de justicia: "No olvido, pero sigo adelante".
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