La operación conjunta entre la Policía Metropolitana de Pereira y la Interpol culminó con la captura de los dos individuos, quienes eran buscados internacionalmente desde hace varios meses. Las autoridades chilenas habían emitido cargos formales en ausencia contra los sospechosos, lo que activó los mecanismos de cooperación internacional para su localización y detención.
Ambos implicados contaban con una notificación roja de Interpol, una alerta que permite a cualquier país miembro detener a una persona buscada y ponerla a disposición de la justicia. La participación activa de la Oficina Central Nacional de Interpol fue clave para dar con el paradero de los prófugos.
El comisario Enrique Gutiérrez detalló que, una vez realizada la captura, se inició el proceso de extradición activa con la colaboración de los tribunales chilenos. La Fiscalía General de Colombia asumió la custodia de los detenidos mientras avanza el trámite judicial. La Policía Nacional de Colombia destacó el rol fundamental de su Bloque de Búsqueda, en coordinación con la Interpol, para llevar a cabo la retención.
Las autoridades recalcaron que Colombia no protege a quienes intentan evadir procesos judiciales en el extranjero, reafirmando su compromiso en la lucha contra el crimen transnacional.
La víctima, un hombre chileno de 42 años identificado como Cristian Moya, perdió la vida en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana de Santiago, durante el mes de julio de 2024. Según las investigaciones del Ministerio Público y la BIPE Antisecuestros, el homicidio se produjo tras una acalorada discusión que derivó en un ataque con arma blanca.
Los agresores, según los informes, ocultaron el cuerpo de la víctima en bolsas y lo trasladaron en una camioneta hasta un vertedero clandestino ubicado en la calle Totoral. La investigación inicialmente se inició por una denuncia de presunto secuestro, según informó el subprefecto Hassel Barrientos. La desaparición del hombre activó una serie de diligencias y peritajes que, finalmente, permitieron confirmar la existencia del crimen.
El levantamiento de pruebas y la reconstrucción de los hechos aportaron elementos cruciales para la formalización de los cargos contra los sospechosos.
De acuerdo con las autoridades chilenas, los implicados —una mujer y su sobrino— habrían escapado del país utilizando un paso no habilitado. Esta salida irregular facilitó la activación de los canales de cooperación policial internacional, lo que condujo a su posterior localización en Colombia.
La detención se llevó a cabo en el departamento de Risaralda. La mujer fue aprehendida en el municipio de Dosquebradas, mientras que su sobrino fue capturado en un sector de Pereira. Ambos se encuentran bajo la custodia de la autoridad competente, a la espera de la resolución de la solicitud de extradición presentada por Chile.
El fiscal Christian Toledo, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh), señaló que la estrategia de formalización en ausencia fortaleció la colaboración entre ambos países y agilizó la búsqueda de los sospechosos. Esta medida, sumada a la notificación roja de Interpol, permitió una rápida reacción de las fuerzas de seguridad colombianas.
Se estima que el proceso de extradición podría extenderse por varios meses, debido a los procedimientos legales que deben cumplirse en ambas naciones. Durante este periodo, los detenidos permanecerán en Colombia bajo la tutela de la Fiscalía General, mientras las autoridades chilenas gestionan su traslado para que enfrenten la justicia.
Este caso subraya la efectividad de los mecanismos de cooperación internacional frente a delitos de carácter transnacional. Tanto la Policía de Investigaciones de Chile como sus contrapartes colombianas enfatizaron la importancia de la colaboración policial y judicial para prevenir la impunidad. La articulación entre organismos permitió la ubicación y detención de los responsables fuera del territorio chileno.
Las autoridades reiteraron que el uso de pasos no habilitados para evadir la justicia no garantiza la impunidad, y que el despliegue de recursos y la coordinación entre países fueron determinantes para la resolución del caso y el avance del proceso judicial internacional.
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