Una compleja red de irregularidades que abarca dos décadas, entre 1995 y 2015, ha salido a la luz en la Funeraria El Salvador de Valladolid, España. Investigadores desenterraron una montaña de pruebas durante registros domiciliarios, incluyendo veintiséis libretas, certificados de defunción, fotografías de ataúdes y cadáveres, además de material digital y fotográfico sin revelar. La policía ha documentado un asombroso número de 5.984 supuestos cambios de ataúd y la reutilización de más de novecientos arreglos florales.
En el centro de esta trama se encuentra Justo Martín Garrido, un empleado fallecido cuya meticulosa recopilación de evidencias se ha convertido en la piedra angular para acusar a veintitrés personas actualmente en el banquillo de los acusados. El jefe del Grupo de Homicidios en Valladolid, al frente de la investigación denominada 'Caso Ignis', declaró ante la Audiencia de Valladolid que la manipulación y sustitución de féretros era una operación que requería de una infraestructura considerable y la complicidad de varios trabajadores, descartando la posibilidad de que una sola persona pudiera haberla orquestado.
La investigación policial se desencadenó en agosto de 2017, cuando el gerente del grupo funerario, Ignacio Morchón Vaquero, denunció a Martín Garrido por extorsión. La denuncia se basó en dos cartas manuscritas dirigidas al padre del gerente, en las que Martín amenazaba con revelar actos irregulares cometidos en la empresa durante veinte años, buscando presionar para mejorar su base de cotización y asegurar una jubilación más ventajosa.
Tras la detención y registro de la vivienda de Martín, los agentes incautaron un tercer manuscrito junto con el resto de documentos. Según el instructor del caso, este material fue fundamental para determinar que Martín Garrido no solo poseía pruebas, sino que también había participado en los hechos, tal como él mismo reconoció.
Las pesquisas policiales revelaron que los fallecidos eran trasladados desde el tanatorio de Valladolid al cementerio de Santovenia, donde se realizaba el cambio del ataúd original por uno de costo mucho menor, o incluso una estructura rudimentaria como un palé, antes de proceder a la cremación. Las entrevistas a familiares de los difuntos confirmaron que estos creían que la incineración se realizaba en el propio tanatorio, sin posibilidad de presenciarla, y reconocieron a sus seres queridos en fotografías con féretros distintos a los contratados.
A partir del año 2000, esta práctica se extendió también a los servicios infantiles. El funcionario policial enfatizó que la operativa era logísticamente imposible de ejecutar por una sola persona, dada la necesidad de trasladar y manipular féretros, así como de acceder a diversos espacios y recursos del grupo funerario. "Son tareas en las que se coloca a pulso la caja, no estamos hablando de un pendrive, y esa tarea es imposible que la haga una sola persona", afirmó el agente, subrayando la necesidad de la ayuda de compañeros de Martín.
La policía detectó una disparidad significativa entre el número de ataúdes adquiridos oficialmente por la funeraria y la cantidad necesaria según los servicios prestados. Esta diferencia sugiere la existencia de operaciones ficticias para justificar la compra de material. En esta presunta operación habría participado la empresa familiar Senovilla, proveedora de féretros y actualmente encausada en el proceso.
La intervención de las comunicaciones de los principales sospechosos aportó información crucial. En una conversación interceptada tras el estallido del caso en enero de 2019, un miembro de la familia Morchón expresó la gravedad de la situación con la frase "¡Esto es una pillada!".
Tras las primeras detenciones, una ex trabajadora de la funeraria contactó con la policía, revelando que conocía los hechos pero había guardado silencio por miedo a perder su empleo. Describió los ataúdes destinados a la cremación como "de reciclaje", y afirmó que los féretros nuevos se almacenaban en un garaje para ser reutilizados en el tanatorio.
El proceso judicial ha estado marcado por incidentes, como un enfrentamiento verbal entre el abogado defensor de la familia Morchón y el magistrado presidente. Se espera la declaración de otros siete agentes, incluyendo dos policías municipales.
El procedimiento avanza con veintitrés acusados, entre los que se encuentran la viuda y tres hijos del fundador de la funeraria. El Ministerio Público ha presentado acusaciones por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental, solicitando las penas más altas para la familia Morchón. Las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L. figuran como responsables civiles subsidiarias.
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