El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha presentado una propuesta legislativa que busca establecer un mecanismo excepcional para juzgar bajo el sistema penal a jóvenes de 16 y 17 años que cometan delitos de extrema gravedad y con dolo, una vez que alcancen la mayoría de edad.
La iniciativa surge ante la alarmante realidad que se vive en México, donde se ha documentado el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos criminales para participar en actos como homicidios dolosos, secuestros, violaciones agravadas y portación de armas de fuego. Esta problemática es particularmente crítica en estados como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y la Ciudad de México, donde ya se considera un problema estructural.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan un incremento superior al 40% en las carpetas de investigación por homicidio doloso cometidos por menores de edad entre 2019 y 2024. En la Ciudad de México, específicamente, se ha observado una duplicación en los casos de adolescentes de 14 a 17 años detenidos por homicidio y delitos relacionados con armas de fuego, muchos de ellos iniciados en actividades ilícitas desde los 12 años.
Organizaciones como Reinserta AC han encendido las alarmas al advertir que más de 250 mil menores se encuentran en riesgo de ser cooptados por la delincuencia. Factores como la pobreza, la desintegración familiar y la percepción de impunidad son señalados como elementos que propician esta peligrosa dinámica.
El senador Ramírez Marín citó casos recientes que ejemplifican la gravedad de la situación, como los asesinatos del empresario Samuel Cohen Gindi en la colonia Anzures y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En ambos casos, adolescentes de 16 y 17 años tuvieron una participación directa, demostrando la tendencia de jóvenes asumiendo roles letales dentro de organizaciones criminales.
La propuesta de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y al Código Nacional de Procedimientos Penales no tiene como fin criminalizar a la juventud. Por el contrario, busca dotar al Estado de instrumentos proporcionales y garantistas para hacer frente a delitos de extrema violencia. El objetivo es proteger a las víctimas sin renunciar al enfoque humanista inherente al sistema de justicia juvenil.
Para lograrlo, se plantea la incorporación de un nuevo Título VII Bis a la legislación especializada. Este nuevo apartado establecerá criterios, plazos y procedimientos claros, asegurando que cualquier decisión judicial se fundamente en evidencia técnica sólida y en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El legislador del PVEM enfatizó que esta iniciativa pretende cerrar vacíos legales, fortalecer la seguridad pública y restaurar la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para responder con firmeza y proporcionalidad ante los crecientes desafíos que plantea la violencia juvenil en el país.
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