Nueve exmilitares uruguayos han sido condenados a penas de entre 11 y 15 años de prisión por graves actos de tortura perpetrados durante el régimen militar que azotó al país entre 1973 y 1985. Las sentencias se dictaron en el marco de casos vinculados al brutal asesinato del médico Vladimir Roslik, ocurrido en 1984. Este trágico suceso marcó el último crimen de la dictadura.
La localidad de San Javier, en el departamento de Río Negro y con costa sobre el Río Uruguay, fue el epicentro de la audiencia judicial. Dada la proximidad con Argentina, la jornada se llevó a cabo en Fray Bentos, la capital departamental, ante una sala colmada de público.
El juez Claudio de León, tras una lectura de la sentencia que se extendió por más de cuatro horas, pronunció las condenas. En un gesto significativo, el magistrado también ofreció disculpas en nombre del Estado por los horrores cometidos durante la dictadura.
Las penas más severas, de 15 años y seis meses de cárcel, recayeron sobre Óscar Mario Roca, Dardo Ivo Morales y Abel Pérez. Por su parte, Héctor Caubarrerre y Jorge Soloviy fueron sentenciados a 14 años y seis meses. Daniel Castellá y Rodolfo Costas recibieron 13 años y seis meses, mientras que Luis Estebenet fue condenado a 11 años y seis meses.
A los condenados se les imputaron reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. El médico militar Eduardo Saiz también fue sentenciado a 13 años de prisión, al ser declarado culpable de participar en las sesiones de tortura, supervisando el estado de los detenidos y la viabilidad de continuar con los tormentos.
El juez De León aceptó las peticiones del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, al fijar las sentencias. El magistrado basó su decisión en un exhaustivo análisis de las descripciones de los métodos de tortura y sus consecuencias, detalladas por los testigos. "Los hechos relatados por la Fiscalía fueron sobradamente probados", afirmó el juez.
El juez desestimó los argumentos de la defensa que intentaban desligar a los militares de los hechos, enfatizando las contundentes pruebas en su contra. En referencia a Rocca, señaló: "Es casi imposible pensar que el jefe de un batallón no supiera quiénes eran los detenidos que se encontraban en el batallón". Caubarrerre fue identificado como el responsable del comando operativo de 1984, y la participación del médico Saiz fue calificada como "crucial" para la represión.
"Las conductas desplegadas por los imputados constituyen crímenes de lesa humanidad", sentenció el juez.
La causa judicial abarcó dos períodos de represión intensa contra los habitantes de San Javier. La primera ola ocurrió en 1980, en el contexto de un plebiscito promovido por la dictadura para legitimar su régimen. Se montó una falsa narrativa sobre una célula comunista en la localidad, lo que derivó en la detención y tortura de unos 20 ciudadanos.
La segunda investigación se centró en un operativo de abril de 1984, donde los militares inventaron la existencia de un submarino que transportaba armas rusas, señalando al doctor Roslik como líder de esta supuesta célula. El asesinato de Roslik no fue juzgado en esta causa, ya que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay determinó en 2021 que su caso no podía reabrirse en la esfera penal por haber sido resuelto previamente en la Justicia Militar.
Actualmente, un Tribunal de Apelaciones determinará si los condenados cumplirán su pena en prisión efectiva o si accederán al beneficio de prisión domiciliaria.
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