A quince años de la violenta jornada que culminó con dos muertes y cinco heridos de bala en el Parque Indoamericano, en el barrio porteño de Villa Soldati, la Cámara de Apelaciones ha decidido reabrir la causa que investiga el accionar policial durante el controversial operativo. El hecho, ocurrido el 7 de diciembre de 2010, se desencadenó cuando cientos de personas que reclamaban acceso a vivienda se habían asentado en el predio.
La orden inicial de desalojo, dictada por la jueza Cristina Nazar, derivó en un despliegue masivo de efectivos de la Policía Federal Argentina y la entonces Policía Metropolitana. La tensión escaló rápidamente, desembocando en enfrentamientos que dejaron un saldo trágico: los asesinatos de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro, además de cinco personas heridas por disparos de plomo.
Testimonios de la época sugieren que las víctimas ya habían abandonado el predio al momento de ser alcanzadas por los proyectiles, lo que apuntaría a que la violencia se extendió más allá de los límites del desalojo. Esta hipótesis abrió una investigación que inicialmente se centró en tres altos mandos de la Policía Federal, quienes fueron apartados por la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, y en la cúpula de la Metropolitana, junto a 24 agentes involucrados.
En marzo de 2018, la jueza Mónica Berdión de Crudo había dictaminado el sobreseimiento de los jefes de la Policía Federal y de la cúpula y agentes de la Metropolitana, aunque procesó a un efectivo de esta última fuerza, Ricardo Picart, por los mismos delitos. Sin embargo, la decisión fue apelada y, en mayo del mismo año, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó los sobreseimientos, ordenando que la investigación prosiguiera contra todos los responsables policiales y confirmando el procesamiento de Picart.
A pesar de la orden de profundizar la investigación, el avance de las pruebas fue notablemente lento. Medidas cruciales como un peritaje audiovisual para determinar la intervención individual de los acusados y la recolección de testimonios fundamentales sufrieron demoras significativas, extendiéndose por meses y años, respectivamente. La propia Cámara había señalado en su momento las demoras relevantes que sufrieron las actuaciones, contribuyendo al estancamiento del proceso.
En una resolución posterior, los imputados fueron nuevamente sobreseídos el 28 de mayo de 2025. No obstante, tras una nueva apelación, la Cámara de Apelaciones intervino una vez más y, en una reciente determinación, dispuso la reapertura de la causa. La decisión se fundamenta en la identificación de deficiencias persistentes en la instrucción.
El tribunal ha solicitado que el CONICET se encargue de realizar el peritaje audiovisual pendiente y que se incorporen los testimonios faltantes. El objetivo es esclarecer la secuencia de los hechos y determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los implicados. Se destaca que los ocho jefes policiales investigados estuvieron presentes en el lugar o dirigieron el operativo desde la sala de operaciones.
El largo y tortuoso proceso judicial refleja las dificultades que enfrenta el Estado para avanzar en investigaciones que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad y los obstáculos para que los responsables de operativos de esta magnitud sean debidamente juzgados.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) representa a los familiares de Rossemary Chura Puña, Sabina Puña Chambi y Galo Chura Paco, quienes residen en Oruro, Bolivia. Rossemary, de 28 años, vivía en el barrio Los Piletones con sus dos hijos pequeños.
En el expediente se documentó que, además del uso de munición de plomo, el operativo incluyó el despliegue de efectivos no identificados, el uso excesivo de agentes químicos y el disparo de al menos 580 proyectiles antitumulto. Se comprobó que, incluso después de que el predio fuera desalojado, policías de la ex Metropolitana continuaron persiguiendo y disparando contra personas que huían hacia la villa 20. Ninguna de las víctimas fatales o lesionadas se encontraba dentro del parque al momento de los disparos, reforzando la hipótesis de que la violencia policial se extendió más allá de los límites autorizados.
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