Mientras el presidente Javier Milei impulsa reformas legislativas de urgencia, el gobierno argentino ya traza la estrategia para el 2026, con un foco particular en la Ley de Salud Mental. La iniciativa busca modificar aspectos clave de la normativa vigente, respondiendo a peticiones de familiares de pacientes, profesionales de la salud y miembros de las fuerzas de seguridad.
Fuentes del Poder Ejecutivo revelaron a este medio que la intención es presentar un proyecto durante las sesiones ordinarias, que inician el 1 de marzo. El objetivo principal es ajustar el artículo que regula las internaciones involuntarias, permitiendo que en circunstancias específicas, los jueces puedan autorizar este tipo de hospitalizaciones.
Este reclamo ha sido una constante desde la promulgación de la Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones en diciembre de 2010, reglamentada en 2013. Si bien el espíritu de la ley promovía la desmanicomialización y la protección de los derechos de los pacientes, su implementación práctica ha enfrentado obstáculos debido a la falta de recursos y dispositivos adecuados.
A través del Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, el Ejecutivo planea insistir en reformas que faciliten la creación de centros especializados y la posibilidad de autorizar internaciones judiciales para pacientes con cuadros complejos.
No es la primera vez que la administración actual intenta introducir estas modificaciones. Dichos cambios estuvieron contemplados inicialmente en el proyecto de la Ley Bases, pero fueron excluidos de la versión final aprobada.
"Hay que volver atrás y recuperar cosas que funcionaban de la ley anterior", señalaron fuentes oficiales, indicando que se intentó modificar al menos ocho artículos sin éxito.
Se anticipa que el propio presidente podría anunciar los detalles del proyecto durante la Apertura de Sesiones en el Congreso a principios de marzo. Las modificaciones propuestas apuntan a:
Los equipos de trabajo se encuentran ultimando los detalles, y se espera que se retomen puntos clave que se intentaron incluir en la llamada Ley Ómnibus.
Las propuestas de reforma han generado un debate significativo, especialmente entre activistas del sector, quienes ven en ellas una posible profundización de la manicomialización que buscan erradicar. Sin embargo, desde la Casa Rosada se contraargumenta con ejemplos de casos trágicos, como el asesinato del efectivo de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, a manos de Rodrigo Facundo Roza, quien padecía trastornos mentales.
Otro testimonio clave que impulsa estas modificaciones proviene de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier. Charpentier ha expuesto en el Congreso la necesidad de clarificar definiciones y dotar de herramientas para abordar situaciones de crisis y episodios agudos derivados de trastornos mentales y adicciones.
Charpentier ha criticado duramente la Ley Nacional de Salud Mental, argumentando que fue creada en 2010 sin la debida consulta a psiquiatras y universidades, y que no refleja la realidad de las familias afectadas. A principios de año, calificó el presupuesto destinado a salud mental como "un chiste", señalando que representa solo un 10% del presupuesto total de salud.
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