El año 2025 se ha grabado a fuego en la memoria de los peruanos como el periodo más sombrío en términos de criminalidad. La violencia descontrolada ha permeado todos los estratos de la sociedad, desde el trabajador más humilde hasta los grandes empresarios, quienes no han escapado al flagelo de la extorsión y los secuestros. El cobro de cupos se ha normalizado en barrios y negocios, mientras que empresarios mineros han sufrido secuestros, torturas, mutilaciones y, en muchos casos fatales, la muerte durante su cautiverio. El saldo de esta ola delictiva se traduce en una cifra récord de homicidios y una nación sumida en la inseguridad.
Las estadísticas oficiales pintan un panorama desolador. La extorsión alcanzó niveles sin precedentes, siendo calificada por César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), como "inmanejable para el Gobierno". Según Ortiz Anderson, la falta de una respuesta estatal contundente ha permitido que modalidades delictivas como el sicariato y los secuestros planificados experimenten un crecimiento alarmante.
La criminalidad no ha distinguido clases sociales. Transportistas, comerciantes y empresarios se han visto obligados a pagar a bandas organizadas, instalando la inseguridad en calles, empresas y hogares. Empresarios mineros de alto perfil han sido blanco de secuestros con exigencias millonarias, y los reportes policiales confirman que muchos de ellos sufrieron torturas, mutilaciones y, en los peores escenarios, perdieron la vida.
El sector del transporte público tampoco ha sido ajeno a esta realidad. De enero a noviembre, 68 personas vinculadas a este rubro fueron asesinadas en medio de ataques extorsivos, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Conductores, dueños y cobradores se han convertido en objetivos recurrentes. "Hay cerca de un 30% de bodegueros que han cerrado por este problema", alertó Ortiz Anderson, evidenciando el impacto devastador en la economía local.
Los datos del Sinadef revelan un salto dramático en la violencia. Al cierre de 2025, Perú registró 2.213 homicidios, lo que equivale a un promedio de 6.07 muertes violentas diarias. Esta cifra supera los 2.083 homicidios del año anterior y los 1.511 de 2023, y es la más alta desde 2017, cuando se contabilizaron 678 casos.
El uso de armas de fuego predominó en la mayoría de los crímenes. El analista de datos Juan Carbajal estima que alrededor del 80% de los homicidios de 2025 fueron perpetrados con proyectil de arma de fuego. Además, se sospecha que el número real de asesinatos podría ser mayor, dado que existen más de 300 muertes violentas por arma de fuego clasificadas como 'ignoradas' en los registros oficiales.
La violencia se ha concentrado especialmente en Lima y Callao, con distritos como San Martín de Porres, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Ate, El Agustino, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho reportando los índices más altos de homicidios.
Según Ortiz Anderson, el grupo criminal Tren de Aragua ha logrado establecer sus bases en el país, estructurando el delito por territorios y rubros. "Este grupo, del que formaba parte el ‘Maldito Cris’, comenzó a sentar bases en delitos que no habíamos sufrido, como la extorsión y los ataques a unidades de transporte público", señaló, destacando la novedad de estas modalidades delictivas en Perú.
La falta de una política de Estado coherente y sostenida en el tiempo ha sido un factor clave en el avance del crimen organizado. Ortiz Anderson lamenta que cada gobierno inicie con nuevos planes, generando una pérdida de tiempo mientras el país "va a seguir desangrándose".
Los planes oficiales, como el estado de emergencia declarado en Lima y Callao, no han logrado frenar la criminalidad. El exviceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, criticó que las estrategias del gobierno se hayan enfocado más en el "cambio del estilo de comunicación que en una estrategia de investigación criminal". El estado de emergencia, según Valdés, ha demostrado su fracaso al no poder contener ni las extorsiones ni los asesinatos, la mayoría de los cuales están relacionados con la extorsión.
La percepción popular confirma este fracaso. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que, en el primer semestre de 2025, el 52.2% de la población consideró la delincuencia como uno de los principales problemas del país, un aumento significativo respecto al año anterior. La falta de seguridad ciudadana también fue señalada por el 19.7% de los encuestados.
Ciudadanos entrevistados a lo largo del país coincidieron en calificar la inseguridad como lo peor del año. "Las extorsiones que matan. Y a uno si tiene plata lo matan y si no tiene plata igual", expresó un ciudadano en Trujillo. A pesar del miedo, muchos peruanos continúan trabajando y luchando por su día a día.
El costo directo de la violencia y el crimen organizado en Perú representó el 2.82% del Producto Bruto Interno (PBI), según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Comerciantes, empresarios y trabajadores han visto afectadas sus actividades productivas y sus expectativas de inversión.
La criminalidad se ha extendido a todos los sectores, integrándose en la vida diaria y afectando desde pequeños negocios hasta grandes empresas. La extorsión, el sicariato y los secuestros se han convertido en una amenaza constante.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, ha cuestionado la exactitud de las cifras de homicidios reportadas por Sinadef, argumentando que la PNP maneja registros propios que reflejan con mayor precisión la magnitud de la violencia criminal, advirtiendo sobre la posible inclusión de otros tipos de muertes violentas que distorsionan el análisis.
Por su parte, el presidente de Aprosec insiste en la necesidad de una política de Estado estructurada y sostenida en el tiempo, que aborde de manera efectiva modalidades delictivas como la extorsión y el sicariato. "Ya no hay que pensar en planes, sino en una política de Estado coherente", enfatizó.
El año 2025 ha dejado una profunda cicatriz en Perú, marcado por una violencia sin precedentes donde la criminalidad ha permeado todos los niveles sociales y económicos, y la respuesta institucional no ha logrado contener la escalada delictiva.
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