El inicio del año 2026 en Medellín ha estado signado por un preocupante incremento de la violencia. En los primeros ocho días, la ciudad registró 13 homicidios, con solo dos jornadas sin decesos violentos. Esta alarmante tendencia, según la organización de derechos humanos Corpades, no solo evidencia la persistencia del crimen organizado, sino también un aumento significativo de hechos ligados a conflictos de convivencia, violencia de género y disputas intrafamiliares.
Los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) revelan un panorama sombrío, contrastando con el mismo periodo de 2025, cuando la ciudad había experimentado seis días sin homicidios. Hasta el mediodía del jueves 8 de enero, se contabilizaban dos nuevos asesinatos, consolidando una frecuencia diaria de muertes violentas que genera gran inquietud.
Para Corpades, a pesar de algunos avances en iniciativas como el Espacio Sociojurídico de la cárcel La Paz de Itagüí, las estructuras armadas ilegales continúan operando en más del 90% de la urbe. La organización considera que las capturas de delincuentes y los decomisos de armas no logran revertir esta problemática de manera estructural.
"El control policial no es suficiente para disminuir la violencia en Medellín", advierte la ONG.
La organización subraya que enfocar la política pública únicamente en el control policial y la judicialización, sin abordar las causas sociales profundas ni debilitar a las organizaciones criminales, resulta ineficaz. "La violencia en la ciudad no responde solo a la lógica de bandas y territorios: la convivencia, la violencia intrafamiliar y de género siguen alimentando las cifras", señalan desde la entidad.
La violencia, por tanto, no solo persiste, sino que se manifiesta a través de patrones dispersos, afectando tanto el centro como las periferias de la ciudad y a diversos sectores sociales. Esto incrementa la preocupación de organismos defensores de derechos humanos como Corpades, quienes exigen una política pública "integral, enfocada en las raíces estructurales del problema y no exclusivamente en la represión criminal".
El impacto de la violencia se refleja en la multiplicidad de contextos de los homicidios recientes. Del total de crímenes registrados entre el 1 y el 8 de enero, al menos dos corresponden a presuntos feminicidios. Entre las víctimas se encuentran una joven migrante venezolana asesinada en la comuna Doce de Octubre y otra mujer en el sector Versalles N.° 1, en Manrique.
Uno de los casos más graves reportados es la muerte de un ciudadano estadounidense tras una agresión en el barrio Universidad Nacional, hecho por el cual fue capturada su pareja sentimental. El registro oficial del Sisc detalla la distribución geográfica y la variedad de las circunstancias:
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