La grave denuncia de dos mujeres contra el reconocido cantante Julio Iglesias, acusándolo de delitos sexuales, explotación laboral y trata de personas durante su tiempo como empleadas internas en mansiones del Caribe en 2021, no ha sido una sorpresa para las organizaciones de mujeres migrantes en España. Este sector, que abarca el servicio doméstico y el cuidado de adultos mayores, se caracteriza por una profunda precariedad y una marcada feminización. En este ámbito, los abusos son una realidad tan común como el temor a alzar la voz por miedo a perder la única fuente de sustento.
"La violencia sexual y el acoso laboral son constantes y están totalmente normalizados. Es doloroso admitir que muchas compañeras deben apartarse de empleadores que las tocan, las manosean o les exigen favores sexuales bajo la amenaza de despido", relata Edith Espínola, vocera de la organización SEDOAC (Servicio Doméstico Activo).
Los riesgos se intensifican para las mujeres migrantes, especialmente aquellas en situación irregular. La dependencia económica y la amenaza constante de deportación refuerzan su silencio y aislamiento. Para las trabajadoras internas, perder su empleo implica quedarse sin techo, obligándolas a menudo a aceptar condiciones abusivas. En otros casos, las cuidadoras enfrentan chantajes o propuestas indebidas por parte de los adultos mayores que atienden, quienes se aprovechan de su vulnerabilidad.
Paula Santos, coordinadora de la asociación Mujeres Migrantes Diversas, señala que, a pesar de los avances sociales, los abusos sexuales en este sector siguen siendo un tema tabú. Muchas empleadas temen ser estigmatizadas, cuando en realidad se trata de una grave vulneración de sus derechos laborales y humanos. "Aquí solo somos un número. Si no cumples con lo que los empleadores creen que debemos hacer, aunque no nos corresponda, te despiden sin más", afirma.
La Ley de Extranjería en España presenta un desafío particular. Para trabajar legalmente como empleadas de hogar, se requiere una autorización de residencia y trabajo previa. Sin embargo, este permiso solo se otorga a quienes ya han residido en el país de forma irregular por al menos tres años y cuentan con un contrato de trabajo preexistente. Esta condición imposibilita que las recién llegadas formalicen su situación laboral desde el principio, forzándolas a trabajar "en negro". Esto las expone a explotación, salarios ínfimos, jornadas extenuantes, falta de protección social y serias dificultades para denunciar abusos.
Según datos oficiales, más del 95% de las personas empleadas en el servicio doméstico son mujeres, y el 45% de ellas son migrantes. La mayoría se encuentra entre los 40 y 50 años y concentra su labor en Madrid y Cataluña. En España, hay aproximadamente 348.000 mujeres afiliadas al régimen especial de empleadas de hogar, de las cuales el 80% tiene más de 40 años y el 69% es de origen extranjero o tiene doble nacionalidad. Alrededor de 38.000 trabajan como internas, muchas sin horarios definidos ni privacidad, y con un salario medio que ronda los 1.014 euros mensuales.
En la organización SEDOAC, se reciben innumerables testimonios de mujeres que cuidan a personas mayores y que han presenciado o sufrido solicitudes de favores sexuales. "Estás totalmente expuesta. Nuestro cuerpo se convierte en un objeto, lo que afecta gravemente la salud mental y la autoestima", explica Espínola. La vergüenza recae sobre las víctimas, quienes a menudo carecen de pruebas para demostrar lo sucedido.
La activista recuerda casos aún más graves en España, como el asesinato de Teresa Jesús González, una auxiliar de ayuda a domicilio en Galicia en 2025, quien fue ultimada tras denunciar acoso sexual por parte del esposo de la mujer a la que cuidaba. "Esto le ocurrió a una mujer española después de comunicar a su empresa que sufría acoso sexual", recalca.
Ante la falta de inspecciones en los hogares, las activistas reclaman un protocolo específico contra la violencia y el acoso en el trabajo doméstico. Si bien un real decreto de 2024 amplía la protección, las nuevas obligaciones para empleadores solo entraron en vigor en noviembre de 2025, coincidiendo con una herramienta para evaluar riesgos laborales en el domicilio. La normativa actual establece que si una trabajadora abandona la vivienda por violencia o acoso, no se considerará dimisión ni motivo de despido, pero carece de protocolos detallados.
España ratificó el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo, pero su impacto en las trabajadoras del hogar ha sido limitado. "Necesitamos una campaña de sensibilización, protección y reparación. Es fundamental un mecanismo seguro, no solo un teléfono, sino un espacio donde acudir sin miedo para denunciar y recibir acompañamiento", enfatiza Espínola. La urgencia radica en que el Estado garantice rutas específicas, seguras y accesibles para todas las víctimas.
Ambas activistas confían en que el caso de Julio Iglesias sirva para visibilizar esta realidad oculta y anime a otras mujeres a romper el silencio y buscar apoyo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado tomar declaración como testigos protegidas a las denunciantes, dada su vulnerabilidad y la influencia del cantante. Se han iniciado diligencias de investigación penal reservadas para determinar si los hechos ameritan un proceso judicial.
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