El 24 de julio de 2013, la tranquilidad de Angrois, a las afueras de Santiago de Compostela, se vio brutalmente interrumpida por el descarrilamiento de un tren Alvia. La tragedia, que cobró la vida de 80 personas y dejó a 143 heridas, se originó al tomar una curva a una velocidad desmesurada. El propio conductor reconoció desde el primer momento haber sufrido una distracción en un tramo conocido por su peligrosidad, una advertencia previa de otros choferes que, sin embargo, no derivó en cambios en la señalización.
La curva de A Grandeira exigía una drástica reducción de velocidad, de 200 a 80 kilómetros por hora. El Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), que podría haber actuado como salvaguarda automática, no estaba implementado en ese tramo, recayendo toda la responsabilidad en el factor humano. Inicialmente, tanto el maquinista como el exdirector de seguridad fueron señalados como los principales responsables.
Una década después, en julio de 2024, el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela dictó sentencia, atribuyendo el descarrilamiento a la desatención del maquinista, Francisco Garzón, tras recibir una llamada del interventor, y a la falta de medidas de seguridad complementarias en el punto crítico. El tribunal declaró culpables a Garzón y al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, condenándolos a dos años y medio de prisión por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. Un fallecimiento posterior, agravado por el accidente, elevó la cifra de víctimas mortales a 80.
Sin embargo, la resolución no puso fin al litigio. Un nutrido grupo de afectados, una asociación de perjudicados, la Fiscalía, Adif, Renfe y dos aseguradoras interpusieron recursos contra el fallo. Durante los años siguientes al siniestro, las víctimas recibieron compensaciones anticipadas de las aseguradoras, pero el proceso judicial se prolongó de forma exasperante. El juicio oral no se inició hasta el otoño de 2022, tras una instrucción exhaustiva que acumuló un voluminoso sumario y diversas imputaciones y desimputaciones de cargos de Adif y Renfe. Al final, solo el maquinista y el responsable de seguridad se sentaron en el banquillo.
Las víctimas, a través de sus plataformas y asociaciones, pusieron el foco en la cadena de decisiones que permitieron la puesta en marcha de la línea y en las precarias condiciones de seguridad. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) asumió la parte técnica, aunque no estuvo exenta de críticas por incluir a personal vinculado a las empresas implicadas.
Francisco Garzón, en su primera aparición pública tras el juicio en el programa "Salvados", expresó su deseo de "justicia para las víctimas". Si bien reconoció su responsabilidad en el exceso de velocidad, insistió en que no fue el único culpable. "La curva era jodida, era de 80 y venías de 200", relató, lamentando no haber formalizado por escrito su petición de instalar una baliza. La llamada del interventor, según su testimonio, lo "desubicó", sumándose a la falta de señalización y a la ausencia de un sistema de frenado automático.
Garzón también relató el trato recibido tras el accidente, siendo trasladado en coche patrulla y custodiado en el hospital, contrastando con la visita del rey. Denunció la presión mediática y la difusión de su información personal antes incluso de salir del tren. Otros afectados, como Jesús Domínguez, calificaron de "insulto a la inteligencia" la idea de que el maquinista fuera el único responsable, sugiriendo un "pacto de la curva" entre fuerzas políticas.
Teresa Gómez-Limón, exdiputada y víctima, denunció presiones tras criticar a Renfe y Adif, y expresó su indignación ante comentarios sobre "negocios" en medio de la tragedia. El abogado del maquinista, Manuel Prieto, aportó datos técnicos, señalando la desconexión de un sistema de frenado automático y la advertencia previa de un jefe de maquinistas sobre el riesgo en la línea, inaugurada apresuradamente con fines electorales.
La Audiencia Provincial de A Coruña emitió la sentencia definitiva, confirmando la condena al maquinista a dos años y seis meses de prisión por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. Sin embargo, revocó parcialmente el fallo inicial, absolviendo al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, tras estimar recursos presentados por el Ministerio Fiscal, Adif, su aseguradora y el propio exdirectivo. Se ratificó la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista.
La aseguradora QBE deberá abonar más de 22 millones de euros en indemnizaciones. El fallo también actualizó el baremo de tráfico de 2015, ampliando el número de familiares indemnizables y aumentando las cuantías. El tribunal fundamentó la imprudencia grave del maquinista en una "llamada totalmente innecesaria" mientras circulaba a 200 km/h, desatendiendo señales y el pedal de hombre muerto, lo que impidió la activación del freno de emergencia.
La Audiencia descartó déficit de formación o defectos en la señalización, y consideró que la desconexión del ERTMS no fue causal. Sobre Cortabitarte, la sala concluyó que no se acreditó omisión alguna ni que su labor lo situara como garante específico del riesgo, considerando que sus decisiones se ajustaron a los estándares técnicos de la época. Se rechazaron atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión o reparación del daño.
No obstante, un voto particular de una magistrada discrepa de la absolución de Cortabitarte, argumentando una obligación de valorar el riesgo y su posición de garante. La resolución llega trece años después del accidente, cerrando uno de los casos más complejos de la historia ferroviaria española, y genera descontento entre las víctimas, quienes lo califican de "terrible" y critican la politización de la justicia.
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