Una propuesta legislativa busca endurecer las consecuencias penales para jóvenes de 16 y 17 años que cometan delitos de alta gravedad, planteando un mecanismo para que enfrenten el sistema penal una vez que alcancen la mayoría de edad. La iniciativa, impulsada por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PVEM, responde a la alarmante realidad de reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales para cometer actos como homicidios, secuestros y violaciones agravadas, así como portación de armas.
El legislador señaló que esta problemática se ha convertido en un asunto estructural en estados como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y la Ciudad de México. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respaldan esta preocupación, evidenciando un incremento de más del 40% en las investigaciones por homicidio doloso perpetrado por menores entre 2019 y 2024. En la capital del país, los casos de adolescentes detenidos por homicidio y posesión de armas se han duplicado, con reportes de reclutamiento desde los 12 años.
Organizaciones como Reinserta AC han lanzado advertencias sobre el riesgo que corren más de 250 mil menores de ser cooptados por la delincuencia. Factores como la precariedad económica, la desintegración familiar y la percepción de impunidad son identificados como caldo de cultivo para esta dinámica delictiva.
Ramírez Marín citó recientes sucesos, como los asesinatos del empresario Samuel Cohen Gindi en la colonia Anzures y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, donde la participación de adolescentes de 16 y 17 años fue directa. Estos casos, según el senador, son un reflejo de una tendencia preocupante donde jóvenes asumen roles letales en el crimen organizado.
La propuesta de reforma, que modificaría la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, no pretende criminalizar a la juventud. Por el contrario, busca dotar al Estado de herramientas proporcionales y garantistas para enfrentar delitos de extrema violencia, protegiendo a las víctimas sin abandonar el enfoque humanista del sistema de justicia juvenil. Se plantea la adición de un nuevo Título VII Bis a la legislación especializada, estableciendo criterios, plazos y procedimientos claros para asegurar que las decisiones judiciales se basen en evidencia y en el respeto a los derechos humanos.
El legislador ecologista enfatizó que esta iniciativa es crucial para cerrar vacíos legales, fortalecer la seguridad pública y restaurar la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para responder de manera firme y equitativa ante los crecientes desafíos de la violencia juvenil.
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