Desde su inauguración en 1988, el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal del Altiplano, se ha consolidado como una de las prisiones de máxima seguridad más importantes de México.
Ubicado en el Estado de México, este centro ha albergado a figuras prominentes del crimen organizado y la corrupción, incluyendo narcotraficantes, políticos y empresarios acusados de delitos como delincuencia organizada, homicidio, tortura y fraudes millonarios.
La imponente estructura del Altiplano, con muros de un metro de espesor y un perímetro de seguridad que restringe el espacio aéreo y las comunicaciones en un radio de diez kilómetros, refleja los constantes desafíos para contener a internos de alto perfil.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, el Altiplano, con capacidad para 764 internos, albergaba 460 personas privadas de la libertad.
No obstante, el informe también señaló áreas de oportunidad, como la insuficiencia de mecanismos para presentar quejas por violaciones a derechos humanos y la falta de actividades laborales y de capacitación para los internos.
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