El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una resolución que podría cambiar el curso de la investigación sobre la presunta muerte y desaparición de un ciudadano francés en Vera, Almería, en agosto de 2022. El fallo judicial abre la puerta a la posibilidad de que el único sospechoso del caso haya accedido al registro de su vivienda bajo un ambiente de presión o "coacción ambiental", cuestionando la libre voluntad de su consentimiento.
Según se desprende del auto judicial, el tribunal considera que existen dudas fundadas sobre si la autorización para la entrada y registro de su domicilio fue otorgada de manera libre e inequívoca. La decisión se basó en que el sospechoso dio su consentimiento mientras se encontraba en dependencias policiales y estaba siendo interrogado sobre su presunta relación con la desaparición del ciudadano francés. Esta circunstancia, según el tribunal, pudo haber influido en su decisión de no oponerse, temiendo intensificar las sospechas en su contra.
Como consecuencia directa, el órgano judicial ha decidido anular los resultados de dicho registro voluntario, donde la Guardia Civil había encontrado varios objetos personales de la víctima desaparecida. El TSJA atendió de forma parcial el recurso de apelación presentado por la defensa del investigado, A.E.M., representado por el abogado Nabil El Meknassi. Con esta decisión, se revoca una resolución previa de la Audiencia Provincial, que había desestimado todas las objeciones planteadas por la defensa.
El tribunal argumenta que no se puede dar por acreditado un consentimiento expreso, inequívoco y espontáneo por parte del investigado. Esto se debe, en parte, a que no fue debidamente informado de su derecho a negarse al registro sin sufrir consecuencias negativas. Además, se señala que en ese momento se le privó de la asistencia de un letrado.
El auto judicial enfatiza que los agentes encargados de la diligencia debieron haber explicado de manera clara y verificable al investigado que podía negarse a la entrada y registro y que tenía derecho a un abogado antes de responder a la solicitud. Se detalla que en el acta de entrada, el campo destinado a manifestar el consentimiento del propietario quedó sin rellenar, a pesar de que su firma aparecía en el documento. El ponente de la Sala de Apelación, Miguel Pasquau, considera que esa rúbrica no demuestra que el consentimiento se diera con pleno conocimiento del derecho a rechazar la diligencia, ni que surgiera de forma espontánea.
El tribunal también señala que, aunque la declaración del sospechoso se tramitó formalmente como "testigo", ya existía una clara dirección de la investigación hacia él. El hecho de que se le solicitara una muestra de ADN y se le relacionara como "sospechoso" en el acta, añade un factor de certeza sobre la finalidad del procedimiento.
La investigación se inició tras la denuncia de desaparición presentada el 8 de septiembre de 2022 por el hijo de un hombre de 79 años, de origen francés y residente en Vera. El último indicio sobre su paradero apuntaba a que la noche del 23 de agosto había visitado el domicilio de A.E.M. Los agentes procedieron al arresto del sospechoso cuatro días después de la denuncia, basándose en pruebas como imágenes de un hombre con el rostro cubierto retirando efectivo de cajeros con la tarjeta de la víctima, sumando cerca de una decena de reintegros que superaban los 400 euros cada uno.
En el marco de la operación denominada ‘Lingüa’, la Guardia Civil realizó el registro voluntario en el domicilio de A.E.M., donde se localizaron efectos personales del desaparecido. Este registro es el que ahora queda invalidado por la decisión del TSJA. Adicionalmente a este registro, los agentes habían obtenido otras pruebas relevantes, como muestras de ADN, una reconstrucción de los hechos y la colaboración de diversas unidades especializadas de la Guardia Civil.
A pesar de que la víctima nunca apareció y su cuerpo no ha sido localizado, las actuaciones policiales se centraron inicialmente en la hipótesis de un hecho violento ocurrido en su domicilio. La tesis principal sostenía que, tras un supuesto homicidio, el responsable habría ocultado el cadáver y al día siguiente habría utilizado la tarjeta de crédito de la víctima para retirar dinero.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera imputó inicialmente al sospechoso delitos de detención ilegal sin razón de paradero conocido y estafa continuada. Con el avance de la investigación, se sumaron los presuntos delitos de homicidio y robo con violencia e intimidación. El proceso penal establece que A.E.M. será juzgado por un tribunal de jurado en la Audiencia Provincial de Almería.
El acusado pasó casi dos años en prisión preventiva y, desde diciembre, se encuentra en libertad bajo fianza de 10.000 euros, con la obligación de comparecer quincenalmente ante la autoridad judicial. La decisión del TSJA sobre la invalidez de la entrada y registro adquiere un papel central en la valoración de las pruebas que considerará el tribunal de enjuiciamiento, al quedar anulados los elementos probatorios hallados en el domicilio del sospechoso y vinculados al desaparecido francés.
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