Poco después de confirmarse el fallecimiento de Borja Villacís, las autoridades policiales lograron ubicar a María José E. J., madre de uno de los implicados directos en el crimen. Su localización se produjo en un lavadero de autos en las cercanías de la plaza Elíptica, una zona donde previamente había sido captada por cámaras mientras alteraba las matrículas de un vehículo presuntamente utilizado en la fuga.
Este hallazgo se enmarca dentro de una serie de acciones que han permitido a los investigadores reconstruir la cronología de los hechos y determinar la presunta participación de varias personas en una emboscada armada. El ataque tuvo lugar el 4 de junio de 2024 en la carretera de El Pardo, en Madrid.
La Fiscalía de Madrid está solicitando condenas que podrían alcanzar hasta los 46 años de prisión para los señalados como responsables del asesinato de Borja Villacís, además de otros delitos vinculados a este caso. Según las informaciones, el Ministerio Público sostiene que Kevin P., de 24 años, junto a otros dos individuos, orquestaron una emboscada utilizando armas de fuego y vehículos modificados para llevar a cabo el ataque que resultó en la muerte del hermano de Begoña Villacís.
El proceso judicial se encuentra en una etapa intermedia, donde las partes involucradas presentan sus escritos de acusación y defensa antes de la celebración del juicio. Las diligencias están bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
La petición fiscal para Kevin P. asciende a 46 años, abarcando delitos como asesinato, dos tentativas de homicidio, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Para los otros dos procesados, incluyendo a María José E. J., se solicitan 38 años de cárcel cada uno, por los mismos cargos, a excepción de una de las tentativas de homicidio.
Se ha detallado que el ataque se desencadenó durante un encuentro previamente acordado. Villacís habría acudido al lugar con la intención de mediar en un conflicto entre terceros, originado por una denuncia contra Kevin P. por daños materiales a un vehículo.
De acuerdo con la investigación, María José E. J. fue la primera persona detenida tras el crimen. Se presume que ella conducía el vehículo desde el cual su hijo habría disparado contra las víctimas, y posteriormente manipuló el auto para dificultar su rastreo.
El vehículo fue encontrado con daños, como abolladuras y airbags activados, compatibles con su uso durante la ejecución de los hechos. Imágenes de vigilancia permitieron identificar a María José E. J. junto a dos jóvenes en una zona descampada cerca de la carretera de Fuencarral a El Pardo, poco después del tiroteo. Las autoridades presumen que ella trasladó a ambos individuos al sitio del ataque, donde uno de ellos, Kevin P., habría sido el autor material de los disparos. El acompañante de Borja Villacís resultó herido durante la agresión.
Kevin P. fue detenido posteriormente en Yuncos, provincia de Toledo, en una operación conjunta del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. En la misma intervención, se capturó a Ismael E. I. V., de 24 años, cuando, según las pesquisas, ambos intentaban abandonar su escondite tras el crimen.
La investigación policial también incluyó el arresto de un tercer individuo, identificado como Omar, quien fue liberado bajo fianza al determinarse que no participó directamente en el homicidio. No obstante, se reportó que Omar habría facilitado refugio a los presuntos autores materiales en una vivienda ocupada, lo que ha llevado a su implicación en el proceso judicial.
Las primeras conclusiones de las investigaciones descartan que Borja Villacís fuera el objetivo primordial del ataque. Según la información disponible, Villacís acudió a la cita en calidad de mediador por un conflicto previo entre otras partes, relacionado con denuncias por daños a un vehículo atribuidas a Kevin P.
La acusación fiscal describe el ataque como una emboscada premeditada, en la que se coordinaron vehículos y armas para asegurar la comisión del delito y obstaculizar la identificación de los responsables. Este planteamiento se fundamenta en los movimientos previos de los implicados, las modificaciones en las matrículas de los vehículos y las evidencias recabadas en la escena y sus alrededores.
El proceso judicial sigue en curso, en la fase de presentación de escritos por parte de la Fiscalía y las defensas de los acusados. La familia de la víctima ha sido notificada de los avances, mientras el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid centraliza las actuaciones previas al juicio, que determinará la responsabilidad penal de los implicados conforme a las peticiones del Ministerio Público y las pruebas recabadas por la policía.
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