La tranquilidad de la mañana del jueves 18 de diciembre se vio brutalmente interrumpida en Tuluá, Valle del Cauca, con el asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en esa localidad. El hecho ocurrió cerca de las 7:30 a.m., cuando Calao salía de su residencia para dirigirse a su lugar de trabajo. Según las primeras informaciones de las autoridades, dos individuos en motocicleta interceptaron la camioneta que conducía el funcionario y le dispararon en repetidas ocasiones.
Las investigaciones sobre el crimen ya están en marcha y una de las principales líneas de investigación sugiere la posible implicación de redes criminales dedicadas al contrabando. Esta hipótesis cobra fuerza a raíz de las declaraciones de Claudia Calao, hermana de la víctima. En conversaciones con Caracol Radio, la familiar del funcionario asesinado reveló que su hermano había presentado denuncias sobre irregularidades en el proceso de devoluciones de la DIAN días antes de su muerte, además de haber estado vinculado a investigaciones previas sobre operaciones ilícitas.
"Mi hermano quedó encargado de la DIAN de Tuluá luego de que la entidad seleccionara a los mejores funcionarios para evitar la corrupción, especialmente tras lo sucedido en Buenaventura con Ambuila", explicó la hermana.
Claudia Calao también señaló que, si bien su hermano no había recibido amenazas directas, sí había puesto en conocimiento de la Fiscalía y de sus superiores en la DIAN diversos casos de cobros sospechosos y actividades anómalas. Específicamente, Gilberto Jesús Calao había alertado sobre devoluciones de saldos a empresas y particulares tras identificar solicitudes que parecían injustificadas. Estas denuncias fueron trasladadas tanto a la Fiscalía como a la sede central de la entidad durante una reciente reunión en Bogotá.
La hermana del director seccional recordó un caso particular en 2020, cuando una denuncia interpuesta por Calao llevó al encarcelamiento de una colega. "Él informó de esto a sus superiores, hizo la denuncia a la Fiscalía y la semana antepasada que hubo una reunión en Bogotá, él pasó todas estas denuncias. Yo siento que fue por eso, por las denuncias", afirmó la mujer.
Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes brinden información que permita dar con el paradero y la identidad de los responsables del asesinato. Las indagaciones preliminares sugieren que los autores materiales del crimen habrían provenido de Cali y ya existen registros en cámaras de seguridad que dan cuenta de su desplazamiento en motocicleta y automóvil desde tempranas horas de la mañana.
A nivel nacional, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el homicidio, indicando que bandas especializadas en contrabando estarían detrás del atentado. El mandatario afirmó que estas organizaciones buscan enviar un mensaje de intimidación al Estado y a quienes combaten los delitos económicos.
En el ámbito personal, la hermana de Calao González relató que el funcionario había superado recientemente un cáncer que lo mantuvo en tratamiento médico por dos años. Tras recuperarse de la enfermedad, fue asesinado en circunstancias que, según su familia, estarían directamente ligadas a su gestión pública y a la denuncia de presuntos actos de corrupción.
Gilberto Jesús Calao, abogado de profesión, dedicó 16 años de su vida a la DIAN. Los últimos siete años estuvo al frente de las oficinas de Tuluá, adonde llegó tras aprobar pruebas internas diseñadas para seleccionar personal libre de antecedentes de corrupción, en el marco de las investigaciones sobre los puertos de Buenaventura. Durante su gestión, se destacó por alcanzar metas significativas en el recaudo fiscal, ubicándose entre los mejores directores a nivel nacional, según datos de su familia.
Es importante destacar que el funcionario no contaba con un esquema de seguridad oficial, se movilizaba en su vehículo particular y no recibía protección especial por parte de ninguna autoridad. Deja a dos hijas, de 23 y 25 años, y a una familia que clama justicia para que este crimen no quede impune y para que el ejercicio de la denuncia en el país no represente un riesgo mortal para los servidores públicos.
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