En la Provincia de Buenos Aires se ha implementado una política de Estado que ha logrado una notable disminución del 20,8% en la cantidad de menores responsables de homicidios. Se argumenta que centrar el debate en la edad mínima de imputabilidad es una discusión infructuosa que no aporta soluciones reales.
Existe un consenso transversal entre diversos partidos políticos, funcionarios judiciales y organizaciones sociales, civiles y académicas sobre la urgencia de actualizar el marco legal para la responsabilidad penal juvenil. La normativa actual, el Régimen Penal de la Minoridad, data de agosto de 1980, firmado durante la dictadura militar, y se considera desactualizada, disfuncional y violatoria de requisitos constitucionales básicos.
A diferencia de la postura del gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires, bajo la gestión del Gobernador Axel Kicillof, ha tomado la iniciativa y ha desarrollado una política de Estado para abordar el problema de manera seria y efectiva.
Se cuestiona el argumento del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad, señalando que las herramientas legales para sancionar a menores peligrosos ya existen. Si un menor comete un delito grave, como un homicidio o un robo a mano armada, el Estado tiene la facultad de actuar y privarlo de libertad.
Se plantea un escenario hipotético: si la edad de imputabilidad se fijara en 13 años, ¿qué habría sucedido con los 40 menores de 12 años aprehendidos en la provincia en 2024 por portar armas de fuego? Según el razonamiento, habrían quedado en libertad. Se recuerda que incluso se han aprehendido menores de 10 y 11 años armados, lo que lleva a preguntar hasta dónde se debería bajar la edad.
Se destaca que bandas delictivas reclutan deliberadamente a menores de 14 y 15 años para cometer ilícitos. Si la edad mínima fuera 13 años, se buscaría reclutar a menores de 11 y 12 años. La legislación internacional comparada indica que la edad mínima es menos relevante que el criterio de no dejar en libertad a menores que cometen delitos con armas de fuego, sin importar su edad.
En la Provincia de Buenos Aires, ante casos graves, se han dispuesto medidas de seguridad que implican el encierro en Institutos de Menores, facultad que recae en la Justicia.
Se reitera que modificar la edad de imputabilidad por sí sola no resuelve el problema y que centrar la discusión en este punto es un camino al fracaso. La solución de fondo requiere gestión, financiamiento y coordinación entre policía, justicia y municipios.
La Provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley 13.634 de 2007, que creó el Fuero Penal del Niño, un marco legal moderno con herramientas concretas. Bajo esta ley, los menores de 16 a 18 años son imputados y se les aplica el régimen penal juvenil. Los menores de 16 años que cometen delitos graves pueden ser objeto de medidas privativas de la libertad, según decisión judicial.
En 2024, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil registró 22.600 causas, representando el 2,1% del total de causas penales. En homicidios dolosos, los menores representan el 8,5% de los imputados.
El programa "Entramados", creado por decreto, coordina a la Policía, los Servicios Locales de Niñez y la Justicia, y financia a los Municipios para el seguimiento de menores. El objetivo es intervenir ante las primeras señales de alerta temprana para interrumpir trayectorias delictivas y prevenir tragedias.
El trabajo de investigación ha permitido identificar que, si bien la provincia alberga a 5,2 millones de niños en la escuela pública, se estima que anualmente la policía aprehende alrededor de 5.000 menores por diversas transgresiones. El 0,1% restante es el que genera delitos violentos.
Se ha elaborado una matriz de factores de riesgo que se reiteran en los casos de menores aprehendidos: abuso sexual, contacto temprano con armas de fuego, consumo de drogas, familiares con adicciones, familiares presos o fallecidos en enfrentamientos, violencia familiar y ausencia de un adulto responsable.
La "receta" para un menor delincuente incluye padres ausentes, abuso, adicciones, armas, violencia y crianza solitaria. Muchos de estos menores han abandonado la escuela, desconocen a su padre y no celebran cumpleaños.
La matriz de riesgo se utiliza para que los Servicios Locales de Niñez articulen intervenciones con jueces y fiscales, aprovechando la "ventana de oportunidad" para interrumpir la trayectoria delictiva.
Se enfatiza la necesidad de una sanción efectiva ante la primera transgresión, que puede ser privativa de la libertad o de carácter socio-comunitario, siempre evaluando el contexto familiar y separando al menor si existen factores de riesgo graves.
La Provincia de Buenos Aires ha invertido en seguridad, adquiriendo patrulleros, expandiendo la videovigilancia, incorporando nuevos policías y creando bases operativas, lo que ha permitido recuperar el control territorial.
Los resultados son evidentes: en 2025 se registró el segundo mejor año en cantidad total de homicidios, con una reducción del 17% respecto a 2019. Los homicidios en ocasión de robo también disminuyeron un 25,8%.
El programa "Entramados" ha logrado una reducción del 20,8% en responsables de homicidios dolosos menores de 16 años, y una baja del 3,2% en imputados de 16 y 17 años, cifras que contrastan con el crecimiento de la violencia en América Latina.
Se expresa la voluntad de compartir esta experiencia en una mesa de trabajo nacional, lamentando el rechazo del Presidente Milei a las reuniones solicitadas. Se propone que el gobierno nacional promueva que cada provincia sancione una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y que se comprometa a financiar políticas serias de seguridad, incluyendo los fueros de minoridad, programas de control y seguimiento, y la infraestructura de institutos de encierro.
Se hace un llamado a la responsabilidad, instando a evitar discusiones estériles y frustraciones para la sociedad argentina. La instrucción del Gobernador Kicillof es clara: ofrecer la experiencia provincial para resolver el problema de los menores que delinquen y prevenir tragedias.
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