Las autoridades de Medellín, en el departamento de Antioquia, han atribuido a Martín Alonso Garcés Carvajal la presunta tortura y muerte violenta de una mujer. El suceso, que ha conmocionado a la ciudad, habría ocurrido tras mantener a la víctima privada de su libertad por cuatro días y ocultar su cuerpo desmembrado en una caja abandonada en la vía pública.
Según la información del ente investigativo, fechada el 28 de febrero de 2026, el procesado citó a la víctima bajo el pretexto de un supuesto robo de teléfono celular en su lugar de trabajo. Tras este primer contacto, Garcés Carvajal, de 56 años, la trasladó en motocicleta y, de acuerdo con las pruebas recolectadas, la retuvo contra su voluntad entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024. La Fiscalía ha incorporado material de cámaras de seguridad que documentan los movimientos de la mujer junto al sospechoso durante ese periodo.
Después de cuatro días sin rastro de la víctima con vida, su cuerpo mutilado fue descubierto en una caja en el barrio Campo Valdés, comuna cuatro de Medellín. En el interior de la caja, además de los restos, se encontraron prendas de vestir, un reloj de hombre y una camándula.
Testigos del caso sitúan a Garcés Carvajal en el sitio de trabajo de la víctima después del crimen. Según sus relatos, el acusado habría proferido frases alarmantes como: "Me faltan más mujeres por atacar", un indicio clave de su presunta peligrosidad.
La captura de Garcés Carvajal se llevó a cabo en un inmueble del sector San José de la Cima, barrio Manrique. Durante el operativo, la Fiscalía decomisó una tarjeta SIM, tres cuerdas, ropa interior femenina y varias camándulas.
La unidad de fiscales de la Seccional Medellín imputó a Garcés Carvajal los delitos de tortura y homicidio agravado. El acusado se declaró inocente y no aceptó los cargos. No obstante, un juez penal de control de garantías ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo para la sociedad.
En un caso aparte, Wilson Alexander Prado Cabezas ha sido condenado a más de 57 años de prisión, marcando el fin de una compleja investigación criminal en el Valle del Cauca. La sentencia, respaldada por pruebas técnicas y testimonios, cierra el historial de delitos sexuales cometidos por este agresor durante varios meses en la región.
Las autoridades identificaron a Prado Cabezas como el responsable de al menos nueve casos de retención y agresión sexual contra mujeres entre julio y noviembre de 2022. Su captura fue el resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que documentaron su modus operandi.
Un fiscal especializado de la Seccional Cali lideró la investigación, recopilando testimonios y pruebas periciales que permitieron reconstruir cómo Prado Cabezas contactaba a sus víctimas. Según la investigación, utilizaba plataformas virtuales para ganarse la confianza de mujeres jóvenes, ofreciéndoles supuestas propuestas o servicios de transporte en motocicleta.
Una vez las convencía, las trasladaba a zonas apartadas de municipios como Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí. Allí, bajo amenazas y violencia física, las despojaba de sus pertenencias y las sometía sexualmente. Las víctimas tenían edades entre los 20 y 40 años.
Los análisis genéticos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fueron cruciales. El dictamen pericial confirmó una coincidencia del 99,99% entre el perfil genético de Prado Cabezas y las muestras obtenidas de las víctimas, consolidando la acusación.
Además de la violencia sexual, la investigación documentó casos de retención prolongada. Algunas sobrevivientes fueron privadas de su libertad mientras Prado Cabezas exigía a sus familiares pagos de rescate que oscilaban entre USD 0,75 y USD 750 mil (equivalentes a $3 y $3.000 millones de pesos colombianos).
El juez penal declaró la responsabilidad de Prado Cabezas por los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión. Se consideraron conductas agravadas, imponiendo una multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la reclusión en un centro penitenciario.
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