Una extensa red de comunicaciones familiares, extendiéndose por varios países, se ha convertido en la piedra angular de la nueva estrategia legal en el caso del menor fallecido en Garrucha, Almería. La defensa de Juan David R.C. ha entregado al tribunal un voluminoso expediente que incluye 22 archivos de audio y sus transcripciones completas, además de mensajes y grabaciones de videollamadas con abuelos del niño residentes en Colombia, Venezuela y Guadalajara.
El objetivo de esta maniobra es demostrar ante la Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera que la familia mantenía un diálogo constante y transparente sobre el delicado estado de salud del menor. Con esto, buscan desvirtuar cualquier indicio de ocultamiento deliberado o intención criminal en las circunstancias que rodearon la muerte del niño, ocurrida el pasado 3 de diciembre.
Según la información difundida, el bufete Mchm Abogados, que representa al principal sospechoso, sostiene que la muerte del menor se debió a una confluencia de prácticas tradicionales, fallos en la gestión de la crisis sanitaria en el hogar y decisiones influenciadas por la falta de conocimiento.
Los audios aportados revelan interacciones donde el menor se refería al acusado como "papá", evidenciando un vínculo familiar que, según la defensa, no muestra signos de maltrato o violencia intrafamiliar. Los abogados Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari argumentan que estas pruebas son contundentes para demostrar la preocupación familiar por la evolución del cuadro clínico y la ausencia de conductas dolosas.
Las comunicaciones grabadas detallan discusiones abiertas sobre los síntomas y el deterioro del niño, e incluso el envío de imágenes de sus lesiones en tiempo real a los abuelos. La defensa insiste en que estas pruebas apuntan a una actuación determinada por el entorno familiar y cultural, y no a un intento de clandestinidad.
La defensa sostiene que la actitud de los adultos respondió al desconocimiento, la superstición y la adopción de remedios caseros, en contraposición al enfoque científico y profesional que requería la gravedad de los síntomas del niño.
Los audios entregados al tribunal narran el uso de prácticas consideradas parte del "curanderismo", como el "sobado", un masaje abdominal sin formación médica para aliviar dolencias. La defensa sugiere que estas maniobras, repetidas ante el dolor continuo, pudieron haber provocado lesiones hepáticas graves, detectadas en la autopsia preliminar.
Además, se relata el empleo de "tomitas" de agua bendita y fórmulas caseras para el malestar del niño, junto con la administración de alimentos inadecuados como "pan con salchichas", a pesar de los síntomas compatibles con daño hepático.
La defensa enfatiza que la combinación de automedicación, uso de ibuprofeno sin supervisión y consultas a internet en lugar de atención médica presencial agravaron el cuadro clínico, culminando en una hemorragia interna fatal. Se reitera que tanto la madre como su pareja habrían recurrido a estas soluciones por desconocimiento y sin conciencia del riesgo, siempre compartiendo la evolución del menor con sus familiares en el extranjero.
Las conclusiones iniciales de la autopsia, que apuntaban a la posibilidad de maltrato y agresión sexual, contrastan con la versión defensiva. Los abogados alegan que los síntomas previos de dolor y las lesiones son evidencia de que las intervenciones basadas en creencias populares propiciaron el desenlace trágico, al impedir la identificación de una sepsis y la oportunidad de recibir asistencia médica adecuada.
El despacho jurídico solicita que la instrucción reconsidere la calificación de los hechos, inclinándose por un supuesto de imprudencia, fundamentada en la negligencia compartida y la influencia de costumbres culturales, en lugar de un homicidio doloso. La defensa pide descartar la acusación de asesinato, argumentando que las grabaciones y la interacción familiar evidencian un contexto de ignorancia y mala gestión, y no de violencia intencionada.
Con la entrega de este material multimedia, la defensa busca que el proceso judicial considere el contexto sociocultural y familiar, presentando las conversaciones y archivos como soporte de su versión de los hechos. Argumentan que estas pruebas demuestran que las decisiones y actuaciones de los adultos fueron compartidas y validadas por el entorno familiar, tanto en España como en el extranjero, reforzando la teoría de la inexistencia de un acto deliberado que condujera al fallecimiento del menor.
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