
Un total de 248 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) han recibido sentencias de prisión que suman hasta 1.335 años. Fueron declarados culpables de una veintena de delitos graves cometidos en el departamento de La Libertad entre 2014 y 2022. Los crímenes van desde homicidios calificados y desapariciones forzadas, hasta feminicidios, extorsión, tráfico de drogas y usurpación de propiedades. Esta acción judicial se enmarca en la agresiva ofensiva gubernamental contra las pandillas, impulsada por el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
La Fiscalía General de El Salvador detalló que los condenados, muchos de ellos pertenecientes a la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y otros grupos afines, son responsables de 43 asesinatos con agravantes, 42 desapariciones, tres feminicidios calificados, 86 casos de extorsión, 29 conspiraciones para cometer homicidios, 32 procesos por actos preparatorios para el tráfico ilícito de drogas y cinco casos de ocupación ilegal de inmuebles, además de otros delitos relacionados con agrupaciones ilícitas.
Entre los casos más notorios que salieron a la luz durante el proceso judicial se encuentran la desaparición y posterior homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo en diciembre de 2021, y el feminicidio de la futbolista Claudia Jimena Granados en octubre del mismo año. También se juzgó el asesinato de un estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA) en marzo de 2019 y la desaparición y muerte de un estudiante de un instituto nacional en abril de 2020.
Las investigaciones revelaron que los pandilleros establecieron centros de operación en diversas zonas de La Libertad. Desde allí, orquestaban planes para extorsionar a comerciantes locales, exigiendo sumas de dinero bajo amenazas de muerte. Esta presión económica forzó el cierre de numerosos negocios ante el temor de represalias. Adicionalmente, las estructuras criminales se dedicaron al narcotráfico y a la toma ilegal de propiedades, expandiendo su influencia y sembrando un clima de inseguridad generalizada.

Las facciones criminales implicadas, además de la Teclas Locos Salvatruchos (TLS), incluyen a grupos como Ayagualos Locos Salvatruchos, Areneras Locos Salvatruchos, City Vagos Locos Salvatruchos y Cangrejeras Locos Salvatruchos, entre otras. Todas operaban en La Libertad, consolidando su dominio territorial mediante la violencia y la intimidación.
Estas condenas se dan en el marco de la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño, que desde marzo de 2022 implementó un régimen de excepción para combatir a las pandillas. Esta medida permite detenciones sin orden judicial y ha resultado en la aprehensión masiva de presuntos miembros de estructuras criminales. Según cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido detenidas bajo este régimen, aunque alrededor de 8.000 han sido liberadas tras comprobarse su inocencia.
La presencia de bases criminales en La Libertad facilitó la planificación de asesinatos, la extorsión a comerciantes y la expansión del tráfico de drogas, creando un ambiente de terror que obligó a muchos ciudadanos a cerrar sus negocios y modificar sus vidas ante la amenaza constante de represalias.
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