La justicia del estado de Amazonas ha dictado sentencia contra Anderson Silva do Nascimento y Geymison Marques de Oliveira, quienes deberán cumplir penas que, sumadas, superan el siglo de prisión en régimen cerrado. Estos son los primeros individuos en ser juzgados por los brutales crímenes ocurridos durante el "Masacre del Compaj", un evento que en 2017 cobró la vida de 56 reclusos en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim, en Manaos.
Las resoluciones judiciales se hicieron públicas el pasado jueves 15. Anderson Silva do Nascimento recibió una condena de 109 años y 10 meses de cárcel, mientras que Geymison Marques de Oliveira fue sentenciado a 11 años y nueve meses.
La condena de estos dos primeros implicados se basó en los siguientes cargos:
Anderson Silva do Nascimento, quien ya se encontraba detenido, participó presencialmente en el juicio. Por su parte, Geymison Marques de Oliveira intervino mediante videoconferencia, argumentando su defensa que existían amenazas de muerte que impedían su presencia física.
Tras la sentencia, el tribunal emitió la orden de arresto correspondiente. El proceso judicial, considerado uno de los más extensos y complejos en la historia del Tribunal del Jurado de Amazonas, se desarrolló entre el 9 y el 13 de diciembre de 2025. El tribunal estuvo compuesto por tres magistrados, apoyados por cuatro fiscales del Ministerio Público de Amazonas y las defensas técnicas de los acusados, integradas por dos defensores públicos y un abogado particular.
Este es el primero de un total de 22 procesos relacionados con el Masacre del Compaj, evento que se ubica como el segundo mayor genocidio carcelario en la historia de Brasil, solo superado por la masacre de Carandirú. Se espera que los casos restantes sean abordados por el tribunal a lo largo de 2026.
La sangrienta rebelión, que se prolongó por 17 horas, se desató cuando miembros de la facción Família do Norte (FDN), en aquel momento aliada al Comando Vermelho en la región Norte, irrumpieron en el sector donde se encontraban reclusos vinculados al Primeiro Comando da Capital (PCC). El ataque derivó en escenas de horror con cuerpos desmembrados, decapitados y calcinados. Antes de su rendición, un total de 112 reclusos lograron fugarse.
Especialistas señalaron la ruptura de la alianza entre el Comando Vermelho y el PCC, quienes se disputaban el control del narcotráfico, como la causa principal del conflicto que desencadenó la matanza. El entonces secretario de Seguridad, Sérgio Fontes, afirmó que la FDN lideró el ataque y que el motín no había sido planeado con antelación. Fontes también indicó la existencia de indicios que vinculaban la revuelta del Compaj con un motín ocurrido horas antes en el Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), del cual escaparon 87 reclusos. Alrededor de 40 internos de ambas prisiones fueron recapturados.
Dos años después, en 2019, el Compaj volvió a ser escenario de violencia, con una nueva rebelión que dejó 15 muertos. Tras este incidente, el Gobierno de Amazonas decidió no renovar el contrato con la empresa administradora del penal, cediendo la gestión a otra compañía tercerizada.
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