Todo comenzó el 15 de agosto de 2010. Yolanda Pérez Cruz y su esposo, Pablo López Alavez, junto a su nieto de cinco años, se dirigían al Río Vírgen, en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, una zona cercana a su comunidad de San Isidro Aloapam. Buscaban arena para su hogar, pues como explicó Yolanda a MILENIO, "ahí donde estamos hay mucho lodo".
Al llegar al río, Pablo descendió del vehículo. En ese instante, Yolanda divisó una camioneta a unos 100 metros de distancia. Le pidió a su esposo que retrocediera para dejarla pasar. Sin embargo, la camioneta se dirigió directamente hacia ellos, deteniéndose justo al lado de Pablo.
Lo que siguió fue un acto de violencia y terror. Yolanda observó a unas 15 personas encapuchadas, vestidas de negro y armadas. Rodearon su camioneta. "Pablo alcanzó a poner el seguro, yo no pude", relató. Los atacantes comenzaron a golpear la puerta, apuntaron un arma al cuello y a la costilla de Pablo, y colocaron al menos tres armas sobre el cuerpo de Yolanda para inmovilizarla.
"Abrieron la puerta y lo jalaron; con todo y mi nietecito, lo lastimaron. Se lo llevaron en la camioneta (a Pablo). Me jalaron y me tiraron al suelo. Entró uno en la camioneta de nosotros, y la llevaron unos kilómetros y la dejaron ahí, y nos dejaron en el río", narró Yolanda.
Yolanda y Pablo, miembros del pueblo indígena zapoteco, son campesinos y defensores de la tierra y el territorio en su comunidad, una labor que han heredado desde sus ancestros. "Desde nuestros abuelos, veníamos defendiendo lo que es la naturaleza", compartió Yolanda.
Desde tiempo atrás, circulaban rumores sobre la posibilidad de que Pablo fuera asesinado o secuestrado debido a su activismo ambiental, especialmente por sus denuncias sobre la tala ilegal de los bosques oaxaqueños. A pesar de las advertencias, Pablo se mantuvo firme: "Yo no estoy haciendo nada; tengo que luchar para mis bienes, para mi familia, y siguió luchando".
Ante la desesperación, Yolanda solicitó ayuda al Consejo Indígena Popular de Oaxaca, organización a la que pertenecía Pablo. Le asignaron un abogado que inició la búsqueda. Dos días después, encontraron a Pablo recluido en el Reclusorio Villa de Elta, Oaxaca. Fue acusado de homicidio calificado, a pesar de que sus captores nunca se identificaron como autoridades ni presentaron una orden de aprehensión.
A partir de ese momento, comenzó la ardua lucha de Yolanda por la liberación de su esposo. "Tuve que exigir justicia a pesar de que no sabía hablar español, yo no sabía cómo cruzar las calles, yo no conocía la ciudad", confesó.
La situación se tornó aún más sombría. El abogado de Pablo comenzó a recibir amenazas anónimas, y la organización que los apoyaba también fue blanco de intimidación. Poco tiempo después, Yolanda y sus hijos también fueron amenazados, tanto por teléfono como en persona.
"Decían que si no dejo de hablar, me van a secuestrar, me van a matar. Tuve unos animalitos, empezaron de noche, mataron a un torito que tenía, robaron a mis borreguitos, envenenaron a mi perrito", relató Yolanda, visiblemente afectada.
La inseguridad los obligó a abandonar su comunidad, su hogar y a su familia. Mientras tanto, el proceso legal de Pablo continuaba. Fue sentenciado a 30 años de prisión, una condena que en 2017 fue anulada por irregularidades, dando inicio a un nuevo proceso penal con él aún detenido. Sin embargo, la libertad no llegó. El 6 de marzo de 2025, Pablo fue nuevamente condenado a la misma pena.
La situación de Pablo no es un caso aislado. En diciembre de 2024, la relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, expresó su profunda preocupación por la detención arbitraria de defensores indígenas de derechos humanos en México y las severas condenas impuestas.
"Me alarma que numerosos defensores indígenas de los derechos humanos no solo hayan sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además hayan sido sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada, con la aparente intención de impedirles llevar a cabo su labor en favor de los derechos humanos", señaló Lawlor, quien también apuntó a casos donde se acusaba a defensores de delitos como asesinato, incluso sin estar presentes en el lugar de los hechos.
Sofía Hurtado, coordinadora de protección para las Américas de Frontline Defenders, confirma esta tendencia: "En México, persistió un patrón de sentencias largas en contra de personas defensoras de tierra y territorio, particularmente de aquellas que defienden los derechos de las comunidades indígenas". Citó el caso de Pablo como ejemplo, quien a pesar de que su caso fue desestimado por irregularidades en 2017, volvió a recibir una sentencia de 30 años.
El informe 'Análisis Global 2024/25' de Frontline Defenders destaca la criminalización de defensores de los derechos de los pueblos indígenas como una tendencia particularmente preocupante en México, manifestada en arrestos arbitrarios, largas detenciones preventivas y severas penas de prisión.
Hurtado enfatiza que estas detenciones no solo afectan a nivel individual y familiar, sino también a nivel comunitario y territorial. "A la comunidad de Pablo no solo le falta un padre, un hermano, también le hace falta un campesino, y eso va resquebrajando todo el tejido social de las comunidades indígenas", explicó.
Mario Hurtado, asesor político de Espacio OSC, coincide: "Lo que le pasó a Pablo hace 15 años es una tendencia que todavía sigue: el uso del derecho penal para silenciar voces críticas". Señaló las múltiples irregularidades en el caso de Pablo, como la falta de defensa adecuada, problemas con la traducción y la manipulación de pruebas, documentadas a lo largo de los años.
En 2017, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ya había emitido un pronunciamiento sobre el caso de Pablo, declarando su detención como arbitraria y ordenando al Estado mexicano su liberación y una indemnización económica, además de atención médica y psicológica, aspectos que a ocho años siguen pendientes. A esto se suman las agresiones sufridas por Yolanda en su defensa.
La opinión número 23/2017 del Grupo de Trabajo de la ONU detalló violaciones al debido proceso, incluyendo irregularidades probatorias, incoherencia en las fechas y lugares de los hechos, falta de participación de peritos y retrasos injustificados en la investigación. La conclusión fue clara: el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento de Pablo era su labor como defensor ambiental.
Las amenazas y agresiones contra Yolanda son un reflejo de la realidad que enfrentan muchos defensores de derechos humanos de comunidades indígenas. "Viven con un riesgo latente, el miedo de que en cualquier momento vayan a sus casas, vayan contra sus familiares, amenazas contra las organizaciones civiles que las acompañan", señala Mario Hurtado.
Según el informe 2024 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en ese año 77 defensores del territorio fueron criminalizados, 61 de ellos pertenecientes a comunidades, y muchos sufrieron agresiones adicionales como difamación, robo y violencia física.
El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012, ha logrado salvar vidas, pero sigue siendo la única respuesta del Estado mexicano. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones es su alto índice de inadmisiones. De 128 solicitudes presentadas hasta octubre de 2025, solo 32 fueron aceptadas, dejando a 96 personas en un estado de vulnerabilidad.
Mario Hurtado enfatiza la necesidad de fortalecer el Mecanismo, dotarlo de más recursos humanos y técnicos, y asegurar la coordinación y el respeto a la participación de la sociedad civil. "A trece años (de su creación) todavía quedan muchos retos", afirmó.
La sociedad civil trabaja en documentar irregularidades, buscar instancias que cumplan su labor de protección y colaborar con entidades federativas dispuestas a avanzar. Sin embargo, informes recientes de Espacio OSC señalan fallas en la implementación y suspensión de medidas de protección, como el retiro de vehículos y escoltas, incrementando el riesgo para los beneficiarios.
Yolanda cuenta con medidas cautelares de la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, pero reconoce que "no son suficientes, sigo bajo amenaza". Mario Hurtado coincide: "Si estas políticas que existen a nivel federal, que es el Mecanismo, o a nivel estatal, la Defensoría, no logran lo básico, que es generar seguridad en la persona, algo se está haciendo mal".
Han pasado 15 años desde la captura de Pablo. Sus hijos han crecido. Yolanda vive con la preocupación constante, pero se mantiene firme: "Me preocupo de que tengan una vida y hagan una familia", expresó. "Tengo miedo, a veces de noche no duermo, a ver quién viene, lo que significa eso para mí... Sí, es una vida muy triste, que estoy viviendo. A pesar de eso, sigo firme y fuerte, voy a seguir adelante, no voy a dar un paso atrás, hasta que Pablo regrese".
Recibe las noticias sobre el mundo True Crime en tu correo.
Si sigues el true crime y te interesa el análisis serio de casos reales, este canal es para ti. Nuevos videos, investigaciones y debates cada semana.
