Director de Protección de Colombia irá a juicio por muerte de opositor

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Fiscalía colombiana imputará a jefe de protección por omisión en caso de senador asesinado

La Fiscalía General de la Nación ha anunciado que el próximo 11 de febrero de 2026 se llevará a cabo una audiencia para presentar cargos contra Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La imputación se basa en presuntas omisiones en la protección brindada al senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en Bogotá en 2025.

Este caso marca un hito al ser la primera vez que un alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro deberá responder ante la justicia por el crimen de un miembro de la oposición. Las investigaciones del ente acusador sugieren que Rodríguez habría desestimado repetidas solicitudes para reforzar el esquema de seguridad de Uribe Turbay en los meses previos al atentado.

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Según la Fiscalía, existen pruebas documentales y comunicaciones que respaldan estas advertencias. Por estos hechos, el director de la UNP enfrentará cargos por tentativa de homicidio y prevaricato por omisión.

Detalles del asesinato y el debate sobre la seguridad

El asesinato de Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá. Un joven de 15 años le disparó con un arma de fuego mientras el político participaba en un evento de campaña. Las graves heridas sufridas en la cabeza y una pierna lo llevaron a ser hospitalizado en la Fundación Santa Fe, donde lamentablemente falleció el 11 de agosto.

La muerte de Uribe Turbay desencadenó un intenso debate nacional sobre la eficacia de la UNP para garantizar la seguridad de figuras públicas, especialmente en un clima de alta polarización política. El abogado de la familia de la víctima, Víctor Mosquera, afirmó que "en más de 10 oportunidades se omitió ofrecerle protección" al senador.

"El juez consideró que efectivamente al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no le dieron la protección adecuada y que hubo mezquindad por parte de esa entidad respecto de su seguridad", declaró Mosquera en su momento.

Contexto político y defensas de la UNP

La citación a imputación contra Augusto Rodríguez cobra relevancia no solo por su posición al frente de la UNP, sino también por su cercanía con el presidente Petro y su pasado en el movimiento M-19. El proceso judicial se desarrolla en medio de una controversia generalizada sobre las falencias en los esquemas de protección para líderes políticos y candidatos.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha especificado si solicitará medidas adicionales contra el funcionario durante la audiencia. Voceros del ente acusador explicaron que la imputación se fundamenta en la revisión de testimonios y documentos que evidencian una serie de alertas ignoradas por la UNP.

Por su parte, Augusto Rodríguez defendió la actuación de la entidad, asegurando que la UNP cumplió con todos los protocolos establecidos. El funcionario atribuyó algunas decisiones a los integrantes del esquema de protección y al propio Miguel Uribe: "Atacan al Gobierno; dicen que el presidente es responsable por haber polarizado. Dicen que la UNP no actuó como debería actuar, que hubo negligencia. Cuando la UNP —lo digo y afirmo— hizo todo lo que tenía que hacer: cumplió con su deber, cumplió con todos los protocolos, suministró las personas de protección con su armamento y los vehículos de modelos recientes. El mismo Miguel Uribe, y de pronto, en conversación con su jefe de esquema, llegaron a algunas decisiones que fueron un poco negativas".

Sin embargo, tanto Víctor Mosquera como el partido Centro Democrático han desestimado la suficiencia de la protección ofrecida. Mosquera señaló que durante 2025 se presentaron más de 23 solicitudes para reforzar la seguridad del senador, siendo la última el 5 de junio, apenas dos días antes del ataque. "Simplemente recibía respuestas de copy y paste de todo lo que le habían contestado antes", lamentó el abogado.

Un análisis de la UNP realizado en 2023 ya había clasificado el riesgo de Uribe Turbay como extraordinario. Mosquera añadió que en 2024 la protección no se incrementó a pesar de la oficialización de su aspiración presidencial. A este nivel de peligro se sumaban seguimientos, mensajes intimidatorios, llamadas y un aumento de agresiones en redes sociales, elementos que la Fiscalía ha señalado como posibles móviles del crimen.

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