Un total de 248 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) han sido sentenciados en El Salvador a penas que suman más de 1.335 años de prisión, tras ser encontrados culpables de una serie de crímenes atroces cometidos entre 2014 y 2022. La Fiscalía General de la República informó que estas condenas representan un duro golpe a la estructura criminal y afectan a más de 150 víctimas.
Entre los cargos imputados a los pandilleros se incluyen 43 homicidios agravados, 42 casos de desaparición forzada, tres feminicidios –entre ellos el de la futbolista Claudia Jimena Granados–, 86 delitos de extorsión y 29 acusaciones de conspiración para cometer asesinato. Adicionalmente, más de una treintena de delitos guardan relación con el tráfico ilegal de drogas.
La investigación reveló cómo la MS-13 operaba mediante la implantación de bases criminales en diversos sectores, desde donde se orquestaban tanto ataques directos como extorsiones a empresarios y comerciantes locales. La presión ejercida por la pandilla, con amenazas de muerte si no se pagaban las sumas exigidas, obligó a muchos negocios a cerrar sus puertas.
La red criminal funcionaba a través de distintas células locales que ejecutaban actos como desapariciones forzadas y homicidios selectivos. El objetivo principal era ampliar su control territorial y asegurar la financiación de sus actividades ilícitas.
Los casos de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, asesinados y desaparecidos, se suman a la larga lista de víctimas de esta organización.
Estas sentencias son parte de una ofensiva gubernamental impulsada por el presidente Nayib Bukele para desarticular las agrupaciones delictivas. Las medidas de seguridad reforzadas, que han resultado en la detención de más de 90.000 personas presuntamente vinculadas a pandillas como la MS-13 o Barrio 18, han generado preocupación en organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, por posibles violaciones.
La estrategia del gobierno se ha enfocado en la reducción de índices de homicidios, extorsiones y desapariciones, en respuesta a una escalada de violencia que afectó gravemente al país en la última década.
La Fiscalía destacó que las pruebas recabadas permitieron demostrar cómo los cabecillas y miembros de la MS-13 planificaban y ejecutaban crímenes desde sus escondites. La coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial fue fundamental para procesar a los responsables.
Las autoridades consideran estas condenas como uno de los golpes judiciales de mayor magnitud contra la MS-13, buscando enviar una señal rigurosa sobre la gravedad de los delitos y fortalecer la capacidad de respuesta de la justicia salvadoreña.
La intensificación de la persecución judicial y policial responde a una política de Estado orientada a erradicar la influencia de las pandillas, que durante décadas han representado una de las principales fuentes de violencia y criminalidad en El Salvador.
A pesar de las acciones estatales, voces críticas advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos y la necesidad de una supervisión judicial independiente, dado el elevado número de detenciones que podría incluir a personas ajenas a las estructuras criminales.
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