Luis Carlos Reyes, quien fungió como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y posteriormente como ministro de Comercio, lanzó fuertes señalamientos contra el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de diciembre de 2025. Reyes responsabilizó directamente al mandatario por el aparente fortalecimiento de estructuras mafiosas dentro de la entidad, argumentando que esta situación facilitó el trágico asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la DIAN en Tuluá.
Este execrable crimen ha generado una profunda conmoción, no solo entre los familiares de la víctima, sino también en amplios sectores del espectro político colombiano. Reyes, quien estuvo al frente de la DIAN durante el año 2023 y actualmente se perfila como precandidato presidencial por el partido Fuerza Ciudadana, destacó los logros de su gestión, incluyendo una reducción del 15% en el contrabando. Sin embargo, advirtió que tras su salida se evidenció un retorno del clientelismo y de redes criminales vinculadas al contrabando.
No es la primera vez que el exfuncionario critica a quien fuera su jefe. Estas declaraciones se enmarcan en su estrategia por distanciarse de la administración actual y defender su paso por el Ejecutivo. "Es lamentable, presidente, que usted mismo haya permitido el fortalecimiento de esas mafias permitiendo el regreso del clientelismo aliado del contrabando a la DIAN, justo después de que en un solo año, 2023, logramos una reducción del 15% en el contrabando", expresó Reyes a través de una plataforma digital, reafirmando el discurso que ha mantenido desde su desvinculación del Gobierno en marzo de 2025.
El homicidio de Calao González tuvo lugar el 18 de diciembre, poco después de las 7:00 a. m. El funcionario se desplazaba en su vehículo particular por el barrio El Jazmín cuando fue abordado por individuos armados en motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. Calao, abogado de profesión y oriundo de Lorica (Córdoba), contaba con una trayectoria de más de 16 años en la DIAN, siendo reconocido por su labor en el control aduanero y tributario.
Según informes oficiales y testimonios de sus allegados, la víctima había denunciado previamente graves irregularidades y presuntos actos de corrupción interna en la entidad. Asimismo, había recibido amenazas relacionadas con su trabajo, especialmente por las auditorías y controles que afectaban los intereses de redes de contrabando y evasión fiscal en la región, convirtiéndolo en un objetivo para quienes buscaban obstaculizar sus investigaciones.
Ante este suceso, el jefe de Estado se pronunció en sus redes sociales el domingo 21 de diciembre, declarando que "la corrupción en la DIAN de Tuluá y el Valle del Cauca asesinó a un funcionario honesto y progresista". El presidente reiteró la urgencia de erradicar las mafias del Estado, advirtiendo: "Las mafias deben salir del estado o Colombia no será grande", evidenciando la profunda penetración de organizaciones al margen de la ley en las instituciones.
Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió un comunicado oficial rechazando la violencia y calificando el asesinato como una "pérdida irreparable". Las autoridades judiciales y policiales activaron un "plan candado" en el municipio vallecaucano y conformaron un equipo especializado para dar con el paradero de los responsables materiales del homicidio.
La hermana de la víctima, Claudia Calao González, agradeció las muestras de solidaridad y exigió justicia. En un mensaje publicado en X, destacó el compromiso de su hermano con la transparencia y la lucha contra la corrupción, pidiendo que su legado sea recordado como un ejemplo de servicio público, etiquetando tanto al primer mandatario como a la DIAN.
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