Un chofer en el Callao fue brutalmente asesinado por sicarios. A los pocos minutos, sus colegas de trabajo recibían un mensaje por WhatsApp. La banda criminal 'Los Pirañas de Ventanilla' se atribuía el macabro acto y lanzaba una cruel advertencia: los homicidios continuarían si las empresas no pagaban cupos.
Esta escalofriante escena se ha vuelto una dolorosa rutina. Los transportistas no son los únicos blanco de estas extorsiones digitales. Otros empresarios también denuncian la creciente modalidad, pero a pesar de las denuncias, las amenazas persisten e incluso se intensifican. La ciudadanía se pregunta, con justa razón: ¿qué tan difícil es para la Policía rastrear a un extorsionador con solo un número de teléfono?
La propia Policía Nacional del Perú (PNP) comparte esta inquietud. La clave, señalan, reside en que las empresas de telecomunicaciones faciliten información sobre los titulares de las líneas telefónicas. Sin embargo, el proceso es mucho más complejo de lo que aparenta.
Nino Boggio, gerente central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales en Entel Perú, explicó que la empresa sí tiene la capacidad de rastrear quién compró y activó un chip, así como a quién se le vendió. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? ¿Por qué, a pesar de la presión ciudadana, de algunos congresistas y de la propia PNP, no se logra desarticular a las cabezas de estas organizaciones criminales?
La respuesta, según Boggio, radica en el fundamental respeto al secreto de las telecomunicaciones. Entel Perú, al igual que cualquier otra compañía del sector, no puede divulgar información, ni siquiera al Ministerio Público, sin una autorización judicial previa. "Viene el Ministerio Público, su pedido está mal, no tiene la orden judicial. O sea, ni siquiera el Ministerio Público me lo puede pedir. Cuando me lo pide el Ministerio Público, tiene que acompañarlo con la orden judicial", detalló.
Revelar datos confidenciales de un usuario, incluso si se sospecha que es un delincuente, acarrearía graves consecuencias legales para la empresa. "Yo tengo que proteger un derecho supremo, que es la confidencialidad y el secreto de las telecomunicaciones de mis usuarios. Imagínate que yo entregue la información hasta de un delincuente. Yo sé que es delincuente. Esos delincuentes, las organizaciones criminales, tienen defensa legal. Entonces, mañana me van a denunciar por haber vulnerado sus derechos", señaló.
Boggio subrayó la necesidad de realizar modificaciones legislativas. No obstante, la constante rotación de ministros, especialmente en el sector Interior, y la inestabilidad política del país dificultan la implementación de iniciativas efectivas contra la criminalidad.
Un punto que ha pasado desapercibido, a pesar de sus más de 10 años de vigencia, es la ley de geolocalización. Implementada en 2015 bajo la gestión de José Luis Pérez Guadalupe como ministro del Interior, esta norma buscaba fortalecer la seguridad ciudadana. Otorgaba a la Policía Nacional una herramienta legal para actuar con mayor eficiencia, regulando el uso de datos de telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
En teoría, las comisarías deberían tener acceso a bases de datos con información de los titulares de líneas telefónicas. Sin embargo, según Boggio, esta disposición solo aplica a personas involucradas en investigaciones. Ante esta realidad, surge la pregunta: si la herramienta legal existe, ¿por qué aún no se obtienen los resultados esperados en la lucha contra las extorsiones?
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