
El gobierno de Perú dio luz verde a la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el submundo criminal como ‘Pequeño J’ o ‘Montana’. El sujeto será procesado en Argentina por su presunta participación en el triple feminicidio de las jóvenes Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15.
La decisión fue oficializada a través de la resolución suprema 041-2026-JUS, publicada en el diario oficial. El documento cuenta con la firma del presidente interino peruano José Jerí, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia Walter Martínez.
Actualmente, las autoridades de ambos países están coordinando los detalles para la entrega de Valverde, quien se encuentra recluido en un centro penitenciario de la provincia de Cañete, en Lima. Fue precisamente en esta zona donde la Policía Nacional del Perú lo capturó en septiembre de 2025, tras su fuga desde Argentina.
A Valverde se le imputan graves cargos, incluyendo homicidio agravado. La fiscalía argentina lo señala por cometer los crímenes con premeditación, en concurso con otras personas, con ensañamiento, alevosía y por motivos de violencia de género de forma reiterada.

En noviembre de 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú ya había declarado procedente la solicitud de extradición. La corte corroboró que se cumplían todos los requisitos estipulados en el Acuerdo de Extradición entre Perú y Argentina, como la doble incriminación y la existencia de una pena mínima.
"Conforme a las restricciones señaladas en el Acuerdo, no existen motivos para denegar la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano. Por tanto, al no existir obstáculo de derecho internacional o de derecho interno para la aceptación de la solicitud de extracción, cabe aprobarla, debido a que se cumplió con los presupuestos materiales y formales que legitiman la extradición", se detalla en la resolución de la Corte Suprema.
La justicia argentina acusa a Tony Janzen Valverde Victoriano de haber participado en la muerte violenta y premeditada de las tres jóvenes. Los cargos incluyen agravantes como ensañamiento, alevosía y violencia de género.
Además, se le imputa haber participado en el ocultamiento de los cadáveres. Según la solicitud de extradición, los cuerpos fueron escondidos en un pozo que fue cavado por un tercero, quien habría sido pagado con dinero y estupefacientes. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la provincia bonaerense de Florencia Varela, entre el 19 y 23 de septiembre de 2025.
La detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue el resultado de una operación internacional que comenzó tras el triple feminicidio en Buenos Aires. Su captura en el sur de Lima no solo puso fin a seis días de fuga, sino que también dio inicio a un complejo proceso de extradición.
Las autoridades peruanas lograron su detención gracias a una ingeniosa estrategia. Días antes, habían capturado en Lima a Matías Agustín Ozorio, un presunto integrante de la red de apoyo de Valverde. Aprovechando esta situación, los agentes policiales simularon ser Ozorio a través de su teléfono móvil, manteniendo comunicación con el fugitivo.
Lograron convencer a Valverde de que asistiría a un encuentro seguro en el centro de Lima, dirigiéndolo hacia el punto donde la policía peruana había preparado la intervención. El operativo final se llevó a cabo en Pucusana, cuando un camión de carga, donde se ocultaba Valverde, fue forzado a detenerse por un bloqueo de pescadores en la carretera Panamericana. Esto permitió que efectivos de civil lo interceptaran sin incidentes.
La captura fue posible gracias a una exhaustiva coordinación binacional. Un minucioso rastreo telefónico realizado por la Policía Bonaerense y la unidad antidrogas peruana permitió triangular la ubicación de Valverde, reconstruyendo su ruta de escape desde Florencio Varela, en el sur del Gran Buenos Aires.
Se determinó que ‘Pequeño J’ había eludido los controles fronterizos utilizando pasos clandestinos y cruzado territorio boliviano mediante buses de transporte interprovincial, alojándose en lugares reservados. Las autoridades confirmaron la ausencia de registros oficiales de su entrada a Bolivia ni a Perú, lo que evidencia el uso de vías no autorizadas y un desplazamiento sin documentos oficiales, presumiblemente con el apoyo de una red criminal.
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