La Haya, Países Bajos. – Un tribunal internacional dictó una sentencia de 20 años de prisión contra Ali Muhammad Ali Abd al Rahman, alias “Ali Kushayb”, antiguo jefe de las milicias yanyauid. La Corte Penal Internacional (CPI) lo encontró culpable de 27 cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la región de Darfur, Sudán, entre 2003 y 2004.
La resolución marca un hito histórico, al ser la primera vez que se juzgan formalmente las atrocidades perpetradas bajo el mandato del expresidente Omar al Bashir. Abd al Rahman escuchó el veredicto vestido con un traje azul claro y con semblante serio, balanceándose en su silla durante la audiencia, hasta que finalmente se puso de pie para oír la condena, emitida dos décadas después de los crímenes.
La jueza presidenta, Joanna Korner, detalló los delitos atribuidos al exlíder miliciano, entre ellos asesinatos, violaciones, torturas, persecución, traslados forzosos de población y ultrajes a la dignidad personal.
El tribunal determinó que Abd al Rahman actuó con un alto grado de planificación y ejerció un control efectivo sobre las milicias yanyauid, que operaban con el respaldo del gobierno sudanés de la época.
La sentencia, dictada por unanimidad, subrayó el impacto profundo y duradero de los ataques contra las comunidades de Kodoom, Bindisi, Mukjar y Deleige, en el oeste de Darfur, describiendo los hechos como actos cometidos con crueldad inimaginable y motivaciones discriminatorias.
Un aspecto especialmente relevante del fallo es el establecimiento de responsabilidad penal por persecución basada en el género, lo que constituye un precedente clave dentro del derecho penal internacional.
La Fiscalía había solicitado la cadena perpetua, mientras que la defensa pidió una pena menor alegando la edad del acusado (76 años) y circunstancias personales. Los jueces rechazaron la mayoría de estos argumentos y señalaron que supuestos gestos humanitarios no podían considerarse atenuantes, ya que las pruebas demostraron que muchas mujeres fueron posteriormente torturadas o violadas.
Solo se aceptaron tres atenuantes de peso muy limitado: la entrega voluntaria del acusado a la CPI en 2020, su buen comportamiento en prisión y su avanzada edad. La Sala aclaró que, de no existir estos elementos, la condena habría sido mayor, y ordenó descontar el tiempo ya cumplido en detención.
La representante de las víctimas, en nombre de 1.592 personas afectadas, expresó que la principal preocupación de las comunidades es que Abd al Rahman no pueda regresar a Darfur, subrayando que los hechos no fueron producto de un conflicto tribal, sino de una campaña deliberada de exterminio, humillación y desplazamiento.
Abd al Rahman es considerado un colaborador cercano de Omar al Bashir, quien sigue siendo buscado por la CPI por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, con órdenes de arresto vigentes desde 2009 y 2010.
Tanto la Fiscalía como la defensa disponen de un plazo de 30 días para apelar la pena impuesta.
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