
La investigación sobre el asesinato de la abogada Andrea Vidal, quien fuera colaboradora del Congreso, ha sido marcada por presuntas deficiencias y omisiones que podrían favorecer la impunidad, según un informe periodístico. La muerte de Vidal, quien presuntamente estaba vinculada a una red de prostitución en el ámbito parlamentario, ha puesto en evidencia graves fallas en el accionar de la Policía Nacional (PNP).
El informe detalla una serie de fallas graves en la pesquisa, bajo la supervisión del coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios. Morales asumió el cargo veinte días después del crimen, ocurrido en diciembre de 2024, en un momento en que los agentes iniciales carecían de pistas sólidas. Su gestión no logró impulsar la investigación.
Entre las irregularidades señaladas se encuentra la extravío de registros de cámaras de seguridad de la zona del crimen. En lugar de asegurar el material, los efectivos policiales optaron por solicitar voluntariamente videos a los vecinos, una medida que, según el reporte, solo arrojó resultados limitados.
Un equipo de ocho agentes, liderado por el teniente Yousef Villafuerte, inició las diligencias con pruebas escasas y reportaba al comandante Ricardo Sánchez Poma, quien a su vez dependía de Morales. La baja calidad de las imágenes y la escasa iluminación dificultaron la identificación de los responsables.

A pesar de que una cámara permitió ubicar el vehículo utilizado por los presuntos atacantes, quienes dispararon contra Vidal mientras viajaba en un taxi (cuyo conductor falleció en el acto), la identificación de los ocupantes del auto, un hombre y una mujer, no fue posible debido a la baja calidad de las imágenes.
El coronel Morales, si bien informó al Juzgado y a sus superiores sobre la situación, no obtuvo una respuesta favorable. A pesar de tener plenamente identificado el automóvil usado en el crimen, no se dispuso ninguna acción para incautarlo ni para detener a sus ocupantes. La propuesta del equipo de Villafuerte de actuar sobre el vehículo fue desestimada por Morales, quien prefirió enfocar los esfuerzos en otros vehículos y rutas.
Según el semanario, el vehículo en cuestión continuó circulando por la ciudad, incluso cambió de placas y documentos, y fue visto por última vez en Huacho antes de que se le perdiera el rastro.
La Fiscalía solicitó en múltiples ocasiones información a Morales sobre el caso, sin obtener respuesta. El informe señala que desde agosto la investigación se encuentra estancada. Otra importante línea de investigación también fue bloqueada: la munición utilizada en el crimen coincidía con la de un arma empleada en un asalto ocurrido en febrero de 2025. Uno de los implicados en ese delito estaba bajo prisión preventiva, pero Morales no autorizó su interrogatorio, ordenando concentrar la búsqueda en el vehículo.
En octubre, el teniente Villafuerte fue apartado del caso. El teléfono celular de Vidal permanece incautado y sin desbloquear, y no se ha indagado sobre las identidades de quienes le enviaron dinero semanas antes de su muerte.
El Ministerio Público reiteradamente solicitó a la PNP la remisión de la carpeta del caso y los resultados de la investigación preliminar, sin recibir respuesta. La publicación concluye que el desenlace del caso parece previsible, ya que "de la información que entregue la División de Homicidios dependerá si la Fiscalía decide archivar o continuar con el caso".
Andrea Vidal, de 28 años, trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Una investigación periodística previa sugirió su presunta implicación en una red de prostitución dentro del Parlamento. Se señala que el exjefe de la Oficina Legal, Jorge Torres Saravia, habría contratado mujeres sin la experiencia ni los requisitos legales para cargos de asesoras y secretarias, quienes en realidad se dedicaban a la prostitución en la sede parlamentaria.
El mismo programa informó que Torres fue denunciado en 2020 por presunta violación durante la campaña de un entonces congresista. El exfuncionario negó los cargos, afirmando que la denuncia fue archivada y que ingresó al Congreso como asesor de dicho congresista.
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