Más de un año después del trágico asesinato de Juan Felipe Rincón, de 21 años, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación ha decidido imputar a cinco personas por los presuntos delitos de tortura y homicidio. El joven perdió la vida el 24 de noviembre de 2024, tras recibir un disparo en el tórax en el barrio Quiroga, al sur de la capital colombiana.
La decisión de la Fiscalía se fundamenta en irregularidades detectadas durante la recolección de pruebas y en las declaraciones de testigos, lo que ha abierto nuevas líneas de investigación y puesto en duda la validez de los elementos materiales presentados hasta el momento. El caso adquirió mayor notoriedad pública el 14 de julio de 2025, cuando un juez de conocimiento en Bogotá rechazó la solicitud de preclusión presentada por el ente acusador a favor de Andrés Camilo Sotelo Torres, principal señalado en el homicidio.
El juez, en su momento, ordenó una profundización de la investigación, alertando sobre "deficiencias en la recolección de pruebas y en la verificación de varios elementos clave". Según los detalles del expediente, los cinco implicados, identificados como Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherin Andrea Sotelo Torres, y tres personas más, serán acusados formalmente por tortura, uso de menores en la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de pruebas materiales, y soborno a testigos.
La denuncia inicial fue formalizada por el general William Rincón, padre de la víctima, a través de su abogado, quien argumentó que la muerte de su hijo constituyó un acto de tortura. Investigadores privados contratados por la familia Rincón encontraron en el lugar de los hechos seis vainillas, una de las cuales, de marca L84, no correspondía al arma asignada al escolta Sergio Rico Rueda. Este hallazgo sugiere la intervención de al menos una segunda arma de fuego en el suceso.
Información del expediente indica que videos de cámaras de seguridad y grabaciones de vecinos habrían captado al menos ocho disparos durante el ataque. Dado que el arma del escolta solo contaba con seis cartuchos, esto levanta sospechas sobre una posible manipulación o alteración de la escena. Adicionalmente, una camiseta con un orificio de bala presentada como prueba por el ente acusador ha generado controversia, ya que informes forenses indican que Juan Felipe Rincón no vestía dicha prenda al momento de la agresión, lo que siembra dudas sobre la cadena de custodia y la autenticidad del material probatorio.
La investigación apunta a que un perfil falso de Instagram se utilizó para contactar a Rincón Morales, a través de una conversación digital que culminó en un encuentro físico el 23 de noviembre de 2024. Ese día, la víctima habría sido inducida a recoger a una menor de 15 años en el centro comercial Titán Plaza y dirigirse al barrio Quiroga, donde se perpetró el homicidio. La denuncia, presentada el 20 de enero de 2025, califica el ataque como premeditado.
En el lugar, Andrés Camilo Sotelo Torres, su hermana Katherin, Sebastián Correal Ramos, Cristian David Ortiz Castro y Tatiana Vega López, junto a otros individuos, habrían rodeado a la víctima, agrediéndola con palos, la cacha de un revólver y otros objetos contundentes. Testigos refieren que durante la golpiza le gritaban "violador". Sergio Felipe Rico, escolta y testigo, relató detalles del ataque el mismo día de los hechos.
El informe de necropsia de Juan Felipe Rincón detalla fracturas costales, trauma de cráneo y múltiples hematomas, corroborando la intensidad de la agresión. Las declaraciones de testigos y grabaciones recopiladas por la Fiscalía refuerzan esta versión. Las menores implicadas declararon formalmente que los agresores planificaron "castigar" a la víctima por una supuesta interacción inapropiada con una menor. Videos en poder de las autoridades evidencian la brutalidad premeditada del ataque.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que Rincón Morales falleció de manera violenta a causa de un disparo que atravesó estructuras vitales torácicas, incluyendo pulmones y corazón, provocando una hemorragia masiva. El peritaje también certificó la ausencia de rastros de consumo de sustancias psicoactivas en la víctima. El juez, en la última audiencia, señaló la existencia de indicios que requieren una evaluación exhaustiva, incluyendo la posibilidad de un trasfondo económico o amenazas previas.
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