Las protestas que sacudieron Irán a finales de diciembre han dejado un saldo devastador, con al menos 3.919 personas fallecidas, según un informe reciente de la organización no gubernamental Human Rights Activists (HRANA), con sede en Estados Unidos. La cifra, que se refiere a "casos confirmados", podría incrementarse considerablemente, ya que la ONG investiga otros 8.949 decesos cuya conexión con las manifestaciones aún no ha sido verificada.
Paralelamente, el Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Noruega, documentó 3.428 muertes hasta el 15 de enero. Las movilizaciones, que se extendieron por las principales ciudades del país, también dejaron un rastro de heridos y detenidos. HRANA contabilizó 8.949 personas lesionadas, de las cuales 2.109 sufrieron heridas de gravedad. Además, se reportaron 24.669 detenciones en el marco de las protestas.
La organización de derechos humanos alertó sobre una nueva escalada de arrestos en diversas ciudades iraníes y denunció el "discurso amenazante" de altos funcionarios ante la presión internacional. La suspensión generalizada del servicio de internet sigue vigente, dificultando enormemente la obtención de información y la verificación de datos. Este bloqueo de la comunicación se suma a la preocupación por la falta de transparencia en los procesos judiciales.
HRANA también informó sobre una serie de ejecuciones llevadas a cabo entre el 5 y el 14 de enero de 2026. Se registraron al menos 52 sentencias de muerte ejecutadas en 42 prisiones del país. Estas acciones ocurrieron en paralelo a las protestas y bajo un estricto control de internet, afectando principalmente a personas condenadas por delitos como asesinato y relacionados con drogas. La ONG destacó que estas ejecuciones se realizaron en un contexto de acceso público a la información severamente restringido, lo que impidió cualquier tipo de supervisión independiente de los procedimientos.
Las protestas se iniciaron a finales de diciembre, impulsadas inicialmente por comerciantes de Teherán que manifestaban su descontento por la devaluación del rial, la moneda nacional. Las demandas evolucionaron rápidamente, extendiéndose por todo el país con reclamos por el fin de la República Islámica. Las movilizaciones alcanzaron su punto álgido entre el 8 y el 9 de enero, con concentraciones masivas en casi todas las regiones.
En este escenario, el fiscal de Teherán, Ali Salehi, respondió a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una supuesta suspensión de ejecuciones de manifestantes. Salehi aseguró que la justicia iraní responderá de manera "firme, disuasoria y rápida" contra los participantes de las protestas, calificando las afirmaciones de Trump como "tonterías sin fundamento". El fiscal indicó que numerosos casos con acusaciones formales ya han sido remitidos a los tribunales.
"Trump siempre dice tonterías sin fundamento; nuestra respuesta será firme, disuasoria y rápida", declaró Salehi, quien también señaló que el líder supremo, Ali Khamenei, reconoció la muerte de "varios miles de personas" durante las protestas.
Por su parte, Donald Trump había afirmado previamente que Irán detuvo las ejecuciones tras advertencias de una "acción muy contundente". Ali Khamenei, en tanto, declaró que Irán no buscará la guerra, pero tampoco tolerará a los "criminales internos e internacionales del complot estadounidense", responsabilizando a Trump por las víctimas y los daños. En respuesta, Trump sugirió en una entrevista que "es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán", instando al fin del régimen islámico.
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