Un informe de una organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos detalla que, entre el 5 y el 14 de enero de 2026, se llevaron a cabo al menos 52 ejecuciones en 42 centros penitenciarios de Irán. Estas acciones ocurrieron de manera simultánea a las protestas nacionales y bajo un estricto bloqueo de internet.
Las sentencias de muerte, dirigidas principalmente contra personas condenadas por asesinato y delitos relacionados con drogas, se ejecutaron en un contexto de severas restricciones al acceso a la información pública, lo que imposibilitó la supervisión independiente de los procesos judiciales.
Según la organización, las penas capitales se aplicaron en una amplia gama de prisiones distribuidas por varias provincias. Entre el 5 y el 12 de enero, se confirmaron al menos 37 ejecuciones, la mayoría por cargos de asesinato, con fechas y nombres específicos documentados. Durante la misma semana, se reportaron varios casos relacionados con delitos de drogas.
En los días siguientes, se registró una nueva oleada de ejecuciones. El 10 de enero, dos reclusos fueron ejecutados en la prisión de Karaj por delitos de drogas, y tres más en Aligudarz por asesinato. El 11 de enero, dos personas más perdieron la vida en Bandar Abbas, y el 12, otras cuatro en Isfahan.
Para el 13 de enero, la organización había documentado al menos 10 ejecuciones adicionales en diversas cárceles: seis por asesinato y el resto por delitos de drogas u otras acusaciones no políticas ni de seguridad. El 14 de enero, al menos cinco personas más fueron ejecutadas por cargos de homicidio.
La ONG señaló que continúa recopilando información y que aún se está trabajando en la identificación de siete de los prisioneros ejecutados durante este período.
Al cierre del vigésimo día de protestas en Irán, el número total de muertes confirmadas ascendía a 3.090, con 3.882 casos adicionales aún bajo revisión. Se reportó que al menos 2.055 personas sufrieron lesiones graves, y el número de arrestos alcanzó los 22.123.
El país sigue bajo un bloqueo nacional de internet, mientras se observa una intensificación de las respuestas diplomáticas y de seguridad a nivel internacional, junto con la persistencia de la represión judicial y de seguridad interna.
A nivel internacional, continuaron las reacciones centradas en la preocupación por la situación de los derechos humanos, la retirada de diplomáticos y el aumento de la presión política sobre Teherán. Por su parte, las autoridades iraníes mantuvieron una narrativa enfocada en la seguridad, atribuyendo las protestas a la injerencia de actores extranjeros.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Irán había evitado ejecutar a más de 800 personas debido a presiones políticas, haciendo un llamado a detener la violencia contra los manifestantes. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó la declaración del G7 sobre la represión de las protestas, calificándola de "intervencionista". Las autoridades iraníes justificaron sus acciones apelando a imperativos de seguridad y a su fundamento legal, al tiempo que rechazaron o minimizaron las críticas internacionales.
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