
Un violento conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Arellano Félix (CAF), originado por el robo de un cuantioso cargamento de drogas en Tijuana a finales de 2023, ha escalado hasta cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Una reciente acusación revelada en la Unión Americana ha sacado a la luz las brutales represalias de la organización sinaloense contra sus rivales, detallando cómo reclutaron a dos adolescentes para llevar a cabo un asesinato.
Documentos del Departamento de Justicia estadounidense confirman que miembros del Cártel Arellano Félix sustrajeron un cargamento de metanfetamina, cocaína y fentanilo perteneciente al Cártel de Sinaloa. La respuesta del grupo sinaloense no se hizo esperar.
En un intento de venganza, sicarios del Cártel de Sinaloa intentaron eliminar a un individuo en su residencia de Tijuana. Sin embargo, el objetivo logró huir a Estados Unidos buscando refugio. Ante esta situación, la organización criminal recurrió a sus contactos en San Diego, California, para continuar la persecución.
Según las indagatorias, figuras del cártel identificadas como Poly Antúnez y Antonio Quiñones habrían recurrido a Jovanny Enríquez, de 18 años en ese momento, para localizar a los ejecutores. Enríquez, quien lideraba a los miembros más jóvenes de la pandilla Westside Wilmas en Los Ángeles, bajo el control de la Mafia Mexicana, se coordinó con otro miembro de alto rango para contratar a Andrew Núñez (alias "Felón") y Johncarlo Quintero (alias "Dumper"), ambos de tan solo 15 años.

La elección de los adolescentes no fue fortuita. Los líderes del cártel sabían que la legislación de California dificultaba su procesamiento como adultos en tribunales estatales, aunque no los eximía de un juicio a nivel federal. Como parte de la operación, Núñez y Quintero fueron alojados en un Airbnb en La Mesa, desde donde planificaron el seguimiento a la familia de la víctima en áreas como San Ysidro y Chula Vista.
El primer intento de ejecutar al objetivo, cuya identidad se mantiene en reserva, tuvo lugar la noche del 26 de marzo de 2024, mientras cenaba con su familia en un restaurante de Chula Vista. En el estacionamiento, la pistola de Johncarlo Quintero se trabó tras el primer disparo, que impactó en la pierna de la víctima. Posteriormente, Andrew Núñez intentó arrollar al hombre con un vehículo para rematarlo, pero fracasó en su intento, obligando a ambos a huir.
Cinco horas más tarde, en la madrugada del día siguiente, Núñez y Quintero se dirigieron a la casa de la víctima acompañados por Ricardo Sánchez, un joven de 28 años involucrado en su contratación. A cada uno se les prometió una suma de 50 mil dólares por completar el encargo, y todos portaban armas.
Al llegar al domicilio, solo se encontraban un amigo de la víctima y su familia, ya que el agredido había sido trasladado a un hospital. Tras llamar a la puerta, Quintero y Núñez abrieron fuego contra el amigo del objetivo, quien respondió al ataque con su propia arma. En el tiroteo resultante, Ricardo Sánchez perdió la vida.
El 18 de diciembre de 2025, Núñez y Quintero se declararon culpables ante un tribunal federal de los cargos de asesinato e intento de homicidio por sus acciones como sicarios del Cártel de Sinaloa. Los acuerdos de culpabilidad establecieron que ambos menores de edad actuaron con la intención de eliminar a cualquier persona que se encontrara en la "zona de muerte que crearon" para alcanzar a su objetivo.
Casi dos años después de los fallidos intentos de homicidio en California, agentes del FBI arrestaron en febrero de 2026 a Antonio Quiñones y Jovanny Enríquez. Poly Antúnez, el tercer implicado en este caso, ya se encontraba tras las rejas por otro proceso federal.
El 12 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia dio a conocer una acusación formal contra los tres individuos por su presunta participación en delitos de homicidio con fines de extorsión, agresión con arma peligrosa y conspiración para cometer asesinato por encargo.
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