Las niñas, niños y adolescentes que infringen la ley no deben ser tratados como adultos. El sistema de justicia juvenil busca priorizar su tratamiento y reinserción social sobre el mero castigo, mediante medidas diferenciadas.
El reciente caso de la maestra Martha Pérez González, presuntamente asesinada por su hija y su yerno, ambos menores de edad, en Agua Dulce, Veracruz, ha reavivado el debate sobre las sanciones aplicables a jóvenes en delitos graves y el rol de centros como el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes (CIEPA), donde fueron recluidos.
El cuerpo de Martha Pérez, de 53 años, fue hallado calcinado en una cuneta cerca de su domicilio la mañana del lunes 26 de enero. Horas después, la policía detuvo a dos jóvenes de 16 años en la comunidad de Tonalá, quienes se desplazaban en el vehículo de la víctima. Se trataba de su propia hija y su pareja.
Las investigaciones apuntan a que los menores habrían cometido el crimen y trasladado el cuerpo a la carretera antigua a Nuevo Oteapan. Tras su captura, los adolescentes fueron puestos a disposición de las autoridades juveniles y enviados al CIEPA, ubicado en Palma Sola, Alto Lucero.
El Centro de Internamiento Especial para Adolescentes (CIEPA) tiene como misión la rehabilitación y reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley a través de un programa integral. Ofrece diversos servicios enfocados en la salud física y mental, incluyendo entrevistas clínicas para identificar factores conductuales y ofrecer tratamiento adecuado.
Además, el CIEPA promueve la educación y la formación laboral. Los adolescentes pueden continuar sus estudios y capacitarse en oficios como carpintería, sastrería y tallado en madera.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, enfatiza que en estos centros se deben proteger derechos esenciales como la vida, la salud, la educación y el esparcimiento.
"Hay varios componentes y hablamos de una intersección de derechos. Uno básico y obvio es el derecho a la vida. (...) Segundo, es una vida libre de violencia. Esto (...) tiene la intención de que no sigan reproduciendo violencia familiar, escolar, comunitaria, y que no forme parte de su identidad personal."
También tienen el derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, y tienen el derecho a un proyecto de vida (...) Todos estos derechos tienen que ser protegidos y también, por supuesto, el derecho a vivir en familia."
Desde la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en 2016, se estima que solo un 20% de los jóvenes en conflicto con la ley requieren internamiento. La gran mayoría, entre el 80% y 85%, recibe medidas socioeducativas en libertad.
Estas medidas pueden incluir:
Estas medidas deben ser diseñadas de forma personalizada para cada adolescente.
Los centros de internamiento enfrentan serios retos estructurales, siendo la insuficiencia presupuestaria uno de los más críticos. Esto se traduce en pésimas condiciones de operación, falta de infraestructura y limitaciones para la reinserción efectiva.
Se ha reportado que un alto porcentaje de adolescentes sufre maltrato o tortura durante su detención, una práctica que vulnera derechos fundamentales y el debido proceso.
Además, el creciente "populismo punitivo", que aboga por reducir la edad penal, lejos de mejorar la seguridad, perjudica los procesos de reinserción.
La ley contempla mecanismos para evitar que los adolescentes reincidan tras cumplir su tratamiento. Esto implica considerar factores sociales y familiares, especialmente si el entorno familiar tiene antecedentes criminales.
Durante el tratamiento, se busca proteger la identidad de los menores para facilitar su reinicio sin el estigma de la criminalidad.
"Todo esto se tiene que ir preparando antes de que salgan (...) es tiempo de preparación para que su salida sea lo más sostenible posible, a diferencia del mundo adulto, donde es castigo y son 10, 20, 15 años, y lo que vivan dentro de la cárcel generalmente empeora y se vinculan a otros grupos criminales."
Ante casos como el de Martha Pérez, Juan Martín Pérez García señala una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. El Estado debe identificar zonas de riesgo y familias en situación vulnerable, mientras la sociedad debe generar entornos seguros.
Esto no exime a los adolescentes de asumir responsabilidades, sino de equilibrar sanción y derechos. Los entornos escolares son cruciales para la socialización, la construcción de una personalidad sana y el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos.
"No tenemos que esperar a que cometan un delito grave, no tenemos que esperar a que dañen a alguien o se dañen a sí mismos par intervenir, porque eso ya sería un poco tarde, pero es importante la prevención y en eso tenemos una gran responsabilidad", concluyó.
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