Durante los próximos cuatro años, el gobierno de México ha establecido como meta fundamental erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones delictivas y disminuir significativamente los homicidios que afectan a este vulnerable sector de la población. Esta iniciativa se desprende del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (Pronapinna), un documento al que tuvo acceso MILENIO, y que define como eje central la salvaguarda de los menores frente a las diversas violencias presentes en sus entornos.
El plan gubernamental busca "fortalecer los mecanismos de protección ante violaciones que atentan contra la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, relacionadas con su vinculación, reclutamiento o utilización en actividades delictivas, para garantizar su protección integral y restitución de derechos". Así lo detalla el documento, que será presentado públicamente antes de que concluya el año.
Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, se implementará una estrategia integral. Esta incluirá acciones focalizadas en los municipios con mayor incidencia del fenómeno, con el fin de asegurar el acceso de los menores a oportunidades de desarrollo y mejorar sus condiciones de vida. Se enfatiza la importancia de reconocer a estos niños y adolescentes como víctimas para facilitar su reintegración a la sociedad. Asimismo, se priorizarán medidas legales que prohíban y sancionen de manera expresa esta práctica.
"Si no hay cambios de contexto es difícil que los jóvenes puedan resistir los llamados de la delincuencia organizada, por eso también estamos pensando en los hogares de estos niños que son víctimas y no debemos de verlo de otra manera. Sus circunstancias los obligan a integrarse a estas organizaciones criminales que les ofrecen una vida efímera con dinero", señaló una funcionaria involucrada en la elaboración del programa.
Las metas del programa contemplan la reducción de la pobreza extrema, la disminución de lesiones asociadas a la violencia familiar y la erradicación de "víctimas de homicidios entre la población infantil y adolescente". Paralelamente, se buscará ampliar el acceso a servicios de salud, potenciar los mecanismos de participación de la niñez y adolescencia, y aumentar la penetración de internet entre los niños de 6 a 11 años.
En el ámbito de la seguridad, el programa incluye acciones para fortalecer políticas de prevención de la violencia, modificar conductas estereotipadas que la promueven o toleran, y garantizar atención integral a las víctimas. El objetivo es asegurar su acceso a la justicia, a la integridad y a una vida libre de violencia.
Este programa representa un conjunto de acciones prioritarias para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, integrando la participación y propuestas de este sector poblacional, así como de representantes de los sectores público, social y privado. Se estructura en cuatro objetivos, 23 estrategias, 169 líneas de acción, ocho indicadores y la asignación de responsabilidades a 72 dependencias. Destaca la inclusión, por primera vez, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Agencia de Transformación Digital en este esfuerzo conjunto.
México alberga aproximadamente 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes, quienes requieren atención prioritaria para asegurar su bienestar y oportunidades futuras. Uno de los problemas más graves identificados es la pobreza, que afecta al 38.7% de este grupo, equivalente a unos 14 millones de menores de 18 años. La incidencia de la pobreza es mayor en la niñez y adolescencia, siendo especialmente crítica en la primera infancia (0 a 5 años), etapa donde las necesidades de desarrollo intensifican los riesgos y sus efectos a largo plazo.
El programa subraya que las consecuencias de la violencia dejan cicatrices profundas y duraderas en los menores, afectando su bienestar emocional y su capacidad de vivir con dignidad. Por ello, se reitera la necesidad de un enfoque integral que articule prevención, atención y acceso a la justicia, abordando las causas estructurales de la violencia, promoviendo entornos seguros y garantizando la protección inmediata de las víctimas.
Un diagnóstico realizado en el sexenio anterior por la Secretaría de Gobernación identificó 18 entidades como zonas de alto riesgo para el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. El documento advierte que los niños, niñas y adolescentes reclutados y utilizados por la delincuencia organizada a menudo enfrentan la desaparición, la pérdida de libertad, dignidad e integridad, e incluso la muerte, lo que contribuye a la descomposición del tejido social.
Las tareas que los menores realizan para estos grupos van desde actividades antisociales menores como "mensajeros", hasta acciones de alta gravedad como participar en homicidios o la desaparición de cuerpos. Entre estos extremos, pueden ser explotados sexualmente, realizar "halconeo" (vigilancia), transportar sustancias ilícitas, cometer robos, vender drogas o participar en secuestros.
La crisis de seguridad en México ha impactado de manera significativa a la niñez y adolescencia, ya sea como víctimas o perpetradores. Sin embargo, aún se desconoce la magnitud y la evolución de la violencia derivada del reclutamiento y utilización de menores de 18 años por parte de grupos criminales en el país.
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