En el tramo final del juicio oral por la supuesta manipulación de un expediente clave en la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra, la Fiscalía solicitó condenas de hasta cinco años de prisión para los acusados. La acusación sostiene que los implicados habrían intentado dirigir un sorteo judicial para revertir procesamientos y exculpar a detenidos, buscando así proteger al entonces líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.
Durante la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8, los fiscales Marcelo Colombo y Agustina D’Angelo señalaron a cuatro personas como presuntas responsables:
Según la fiscalía, la maniobra consistió en direccionar los recursos presentados por las defensas contra las denegatorias de excarcelación dictadas a fines de diciembre de 2010. El objetivo era que el expediente recayera en la Sala III de la Cámara de Casación, integrada en ese momento por los jueces Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Liliana Catucci. La acusación principal apunta a influir sobre el juez Riggi.
La fiscalía detalló los roles de los acusados basándose en las pruebas recolectadas:
En este expediente también estuvieron imputados José Pedraza y el ex agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme, ambos fallecidos antes del inicio del debate oral. El fiscal Colombo rechazó enfáticamente el argumento de las defensas que intentaban catalogar el hecho como una estafa, cuestionando si Pedraza, a quien la fiscalía considera el principal organizador, podía ser considerado víctima.
El fiscal remarcó que el artículo 256 bis del Código Penal no requiere la consumación del delito, sino que basta con la promesa o recepción de dinero. “Estamos ante un caso que tiene prueba irrefutable y que fue orquestado por tres personas para ejercer influencia en el tribunal penal del país”, afirmó.
La fiscalía destacó la extensión temporal de las acciones como agravante, señalando comunicaciones que datan del día siguiente al homicidio de Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010 durante una protesta de trabajadores tercerizados. En ese hecho también resultaron heridos Elsa Rodríguez, Nelson Fabián Aguirre y Ariel Benjamín Pintos.
“Había familias que estaban esperando por el castigo penal a los responsables pero que tuvieron que enterarse que había operadores realizando todas sus trampas y trucos”, lamentó Colombo, subrayando la gravedad institucional del caso.
Los fiscales solicitaron el decomiso de 50.000 dólares, secuestrados en el estudio de Aráoz de Lamadrid el 1° de febrero de 2011, considerándolos instrumento y ganancia del delito. El caso se originó el 12 de enero de 2011, cuando la jueza Susana Wilma López, a cargo del expediente principal, detectó el entramado judicial a través de escuchas telefónicas.
Finalmente, la fiscalía anunció que presentará una denuncia por falso testimonio contra los dos hermanos de Aráoz de Lamadrid, calificando su declaración como un nuevo intento de entorpecimiento de la justicia.
Recibe las noticias sobre el mundo True Crime en tu correo.
Si sigues el true crime y te interesa el análisis serio de casos reales, este canal es para ti. Nuevos videos, investigaciones y debates cada semana.
