El Palacio de Gobierno fue el escenario de una importante sesión informativa donde se presentaron los últimos datos sobre criminalidad en el país. El evento, liderado por el presidente José Jerí, dio inicio con un ligero retraso, comenzando a la 1:30 p.m. en lugar del mediodía inicialmente previsto.
El ministro de Justicia, Walter Martínez, inauguró la jornada destacando la fiabilidad de la información compartida, la cual abarca los años 2022, 2024 y proyecciones para 2025. Martínez calificó los resultados como "alentadores", señalando que indican que la nación va "por el camino correcto".
Por su parte, Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y presidente del Comité Estadístico de los Índices de Criminalidad (CEIC), detalló que los datos provienen tanto de registros digitales como de expedientes físicos de delitos dolosos. La Policía Nacional se erige como la principal fuente de esta recopilación estadística.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, vinculada a delitos dolosos, ha mostrado la siguiente tendencia:
Entre los departamentos con las tasas más elevadas se encuentran Madre de Dios (24,6), Callao (22,6), Lima regiones (23,1), Tumbes (20,6) y Puno (14,8).
En cuanto a las denuncias por extorsión, robo y estafa, se reportó una disminución durante el último trimestre del año.
El presidente José Jerí resaltó una reducción del 1,9% en la victimización a nivel nacional respecto al año anterior. Asimismo, la percepción de inseguridad ha bajado, pasando de un 86% en 2024 a un 83,9% en 2025. Jerí atribuyó estos avances a las intervenciones en centros penitenciarios, como requisas y reclasificación de internos, además del incremento de patrullajes, cuyos esfuerzos "han comenzado a dar resultados tangibles".
El mandatario reconoció los costos de estas medidas, incluyendo denuncias contra su equipo, pero afirmó que el Gobierno ha cumplido su palabra desde el 10 de octubre. Jerí identificó a los "reos" como los principales adversarios de su gestión y, aunque los resultados no son óptimos, los consideró una "muestra positiva de progreso". Se están evaluando estrategias específicas para las regiones con mayores índices de homicidios.
Un análisis de datos publicado en redes sociales por Juan Carbajal, basado en registros oficiales del SINADEF, reportó 570 homicidios en los primeros 103 días de la gestión de Jerí. De estos, 419 fueron por arma de fuego (PAF). Carbajal advierte sobre un posible subregistro, ya que 68 muertes violentas por PAF figuran como "ignoradas/sin registro", lo que podría elevar significativamente la cifra real.
Durante el estado de emergencia en Lima y Callao (91 días entre octubre de 2025 y enero de 2026), se registraron 204 homicidios. Si bien se reporta una disminución del 9% respecto a los 91 días previos sin emergencia, esta mejora solo se observa en Lima Sur y Lima Centro, mientras que en Lima Norte, Lima Este y Callao las cifras se mantienen altas.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó desde la Dirincri una reducción de homicidios a nivel nacional en los primeros 20 días de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Se registraron 125 homicidios frente a los 156 del año anterior.
A pesar de este descenso relativo, el análisis mensual revela que el país mantiene niveles elevados de violencia. Agosto de 2025 fue el mes más crítico, con un promedio de 8,68 asesinatos diarios. Aunque enero de 2026 muestra una baja interanual, el promedio diario ha aumentado respecto a diciembre de 2025 (6,3 homicidios diarios).
Arriola también anunció una disminución del 28,6% en denuncias por extorsión, aunque reconoció la necesidad de evaluar si esto se debe a una menor incidencia real o al temor de las víctimas a denunciar.
El general Revoredo admitió que los esfuerzos policiales aún son insuficientes para frenar la criminalidad. El balance inicial de la gestión de José Jerí muestra una reducción parcial en algunos indicadores, pero persisten desafíos estructurales como la falta de transparencia en la información, los subregistros y la concentración de mejoras en zonas específicas de Lima. El debate sobre seguridad sigue demandando datos públicos, actualizados y comparables para evaluar la efectividad de las políticas implementadas.
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