El Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, generó controversia al declarar que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que causó la muerte de una ciudadana estadounidense el pasado miércoles en Minneapolis, cuenta con una "inmunidad absoluta". Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por expertos en derecho policial.
Emmanuel Mauleón, especialista en derecho policial de la Universidad de Minnesota, explicó a EFE que la supuesta protección de "inmunidad absoluta" no se aplica a los agentes federales. "Los agentes federales no gozan de inmunidad absoluta. JD Vance lo afirmó, pero no hay base legal para tal afirmación", sentenció Mauleón, quien es profesor de derecho en la misma ciudad donde ocurrieron los hechos.
Desde el inicio de la investigación, que aún se encuentra en sus primeras etapas, la administración de Donald Trump ha sostenido que el agente, identificado como Jonathan Ross, actuó en legítima defensa. Según su versión, la víctima, Renee Good, de 37 años, intentó atropellarlo con su vehículo, por lo que se le considera inocente.
"Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber", afirmó Vance durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
No obstante, Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, donde se ubica Minneapolis, negó rotundamente que el agente posea dicha protección.
"Tiene derecho a otros tipos, como la inmunidad de supremacía, lo que significa que, siempre que el agente actuara de una manera autorizada para hacer cumplir la ley federal y de forma necesaria y adecuada para lograr esos fines, su conducta sería inmune", apuntó el profesor Mauleón.
El experto añadió que, "si actuó de forma negligente, imprudente o injustificada, según lo establecido en la Cuarta Enmienda de la Constitución (que protege a las personas de registros o detenciones irrazonables), esa inmunidad de supremacía no se le aplica".
Mauleón detalló que en cualquier escenario donde un agente utilice fuerza letal y exista duda sobre si estuvo justificada, "podría ser considerado responsable de cualquier delito, desde imprudencia temeraria hasta homicidio involuntario o asesinato". El agente podría enfrentar cargos tanto bajo la legislación estatal, que contempla el homicidio involuntario y el asesinato, como bajo la ley federal, que podría acusarlo de "privación intencionada de derechos constitucionales".
El profesor Mauleón observó similitudes entre la situación actual y el caso del agente de policía que causó la muerte de George Floyd en mayo de 2020 durante un arresto en Minneapolis, un evento que desencadenó protestas masivas contra el racismo bajo el lema 'Black Lives Matter'. El agente Derek Chauvin fue declarado culpable de asesinato y homicidio por un tribunal estatal y sentenciado a 22 años y medio de prisión, además de recibir una condena de 21 años en una corte federal por violar los derechos constitucionales de Floyd. Los otros tres oficiales presentes en el incidente también fueron condenados por no intervenir para detener el uso excesivo de la fuerza por parte de su colega.
El FBI está a cargo de la investigación sobre la muerte de Good y tiene en su poder las pruebas. A pesar de las solicitudes del gobernador de Minnesota, Tim Walz, y del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, para que agencias estatales participen en la investigación, el gobierno de Trump ha impedido su acceso al expediente.
La fiscalía del condado ha habilitado un canal para que los ciudadanos envíen videos y otras pruebas relacionadas con los disparos. Sin embargo, Mauleón expresó una profunda preocupación por la falta de transparencia en el proceso, señalando que "existe una gran preocupación de que esto conduzca a una investigación poco transparente, incompleta y poco justa, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno, los miembros del ICE, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el propio Trump ya han determinado que esta persona actuó de manera justificada antes de que se llevara a cabo la investigación".
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